Puigdemont se centra en su amparo al TC y descarta pedir ahora al Supremo que le amnistíe

Una vez el Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la Ley de Amnistía –y pese a que Junts, y el propio Salvador Illa, han instado ya al Tribunal Supremo (TS) a amnistiar a Carles Puigdemont– el expresidente de la Generalitat no tiene previsto, según las fuentes consultadas, reclamar ahora al alto tribunal que le aplique la medida de gracia y amnistíe el delito de malversación que el magistrado Pablo Llarena considera está fuera del ámbito de aplicación de la polémica norma.

Su defensa se centra ahora en rematar el recurso de amparo que presentará en el Tribunal Constitucional, que incorporará una petición de medidas cautelarísimas instando a dejar sin efecto la orden de detención y prisión que mantiene en vigor el instructor de la causa del «procés». Y, paralelamente, Puigdemont pone el foco en lo que suceda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ante el que cuatro tribunales españoles han planteado sus dudas sobre la adecuación de la Ley de Amnistía al derecho comunitario. Fundamentalmente, en lo que hace referencia a que la amnistía se extienda a delitos de malversación y terrorismo.

«El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía», apuntan fuentes próximas al expresident. «No vemos razones para seguir insistiendo en una sede que, somos conscientes y ellos también, no es el juez preestablecido por ley para aplicar o inaplicar la Ley de Amnistía».

Y es que el líder independentista sigue insistiendo en que el Tribunal Supremo no es competente para investigarle, papel que según ha remarcado hasta la saciedad corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Por si fuera poco, en el entorno de Puigdemont están convencidos de que la sentencia del Tribunal Constitucional «no hará cambiar de criterio» al Supremo, al que ve aferrado a una «línea interpretativa» (que hubo un enriquecimiento patrimonial de los líderes independentistas al haber financiado con dinero público el «procés» evitando pagarlo de su bolsillo, un supuesto que la propia ley excluye del objeto de la amnistía) «que se tendrá que discutir en el TJUE y en el Tribunal Constitucional, pero ya no en el Tribunal Supremo».

Petición cautelarísima

En definitiva, Puigdemont confía en que sea la corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido o el Tribunal de Justicia de la UE los que obliguen al alto tribunal a rectificar y a incluir bajo el paraguas de la amnistía la malversación del «procés».

Pero al margen de ese frente judicial sobre la aplicación o no de la amnistía, el expresidente de la Generalitat tiene otra baza para intentar doblegar las decisiones del alto tribunal. Su recurso de amparo vendrá acompañado de una petición de medidas cautelarísimas apremiando al TC a dejar sin efecto la orden de detención contra él, que le impide regresar a España sin el riesgo de ser detenido y terminar en prisión.

Y aunque parece improbable que el TC tramite esa petición cautelarísima (lo que por razones de urgencia implica tomar la decisión sin tan siquiera escuchar a la otra parte) sí lo hará con carácter cautelar, abriendo un periodo de alegaciones para que la Abogacía del Estado, Fiscalía y Vox se pronuncien al respecto. Un procedimiento que se demoraría al menos un mes desde que el tribunal decida sobre las recusaciones (a la espera de lo que haga Puigdemont, el también dirigente de Junts Jordi Turull ha recusado al magistrado José María Macías y Vox, a Conde-Pumpido), por lo que no es previsible que se pronuncie hasta el próximo otoño (como mucho, antes de las vacaciones de agosto el Constitucional dará el visto bueno a la avocación del recurso de amparo de Carles Puigdemont de la Sala que corresponda al Pleno).

De momento, la defensa del expresident no tiene previsto formalizar esta semana el recurso de amparo, dado que el plazo para presentarlo no expira hasta finales de julio. A partir de ahí, el TC tendrá de nuevo la palabra.