Investigadores advierten 14 millones de muertes prevenibles tras cierre de USAID
Un equipo de investigadores de la revista The Lancet ha pronosticado que el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) podría provocar más de 14 millones de muertes prevenibles hacia 2030, ya que su desaparición deja sin fondos a programas de asistencia médica para pacientes con enfermedades como malaria y VIH en África y América Latina. El estudio, publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet, advierte que el impacto sería comparable en magnitud a una pandemia global o un conflicto armado, con consecuencias que podrían extenderse durante décadas.
La alarmante cifra incluye a 4,5 millones de niños menores de 5 años. Anteriormente, agencias de las Naciones Unidas ya habían alertado sobre el aumento de enfermedades, desnutrición y violencia por la interrupción de proyectos, cuando el gobierno estadounidense paralizó el financiamiento de ayuda humanitaria externa por 90 días. Todo parece indicar que ahora el fin es irreversible de la agencia.
Más de 14 millones de muertes
Las más de 14 millones de muertes que advierte el estudio están relacionadas con enfermedades como SIDA, malaria, tuberculosis, infecciones respiratorias, diarreas y desnutrición. Ello debido a la paralización de programas que incluyen la suspensión de tratamientos antirretrovirales, interrupción de campañas de vacunación, cierre de clínicas y reducción de acceso a servicios médicos.
"Para muchos países de ingresos bajos y medios, el impacto resultante sería similar en escala a una pandemia mundial o un conflicto armado de gran magnitud. Sin embargo, a diferencia de estos eventos, esta crisis se derivaría de una decisión política consciente y evitable", indica el documento. Entre los países implicados en los análisis están Uganda, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Sudán, Haití, Etiopía y Somalia.
Los investigadores, en coordinación con el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), se basaron en modelos de microsimulación con datos de 133 países de ingresos bajos y medios entre 2001 y 2021. Se consideraron datos de población, educación y sistemas de salud para medir el impacto, con escenarios con y sin los recortes.
Según la investigación, los programas financiados por USAID ayudaron a evitar aproximadamente 91 millones de muertes, en las dos décadas estudiadas, en países de ingresos bajos y medios, lo que contribuyó a una reducción del 15% en la mortalidad general y del 32% en la mortalidad infantil.
En América Latina, países como Perú han dependido de USAID para programas de control de tuberculosis y malaria, a través de proyectos como TB CARE II y la Iniciativa Amazónica contra la Malaria, cuya sostenibilidad está ahora en riesgo debido a la interrupción del apoyo estadounidense.
La caída en debacle de USAID
Hace cinco meses, Elon Musk reveló la intención del gobierno de Donald Trump de poner fin a USAID. Musk, que era entonces responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dijo que la entidad de apoyo humanitario era “una bola de gusanos”, en un video vía X. “La vamos a cerrar”, sentenció. El actual anuncio finaliza un largo periodo en el que organismos internacionales y líderes públicos criticaron la decisión con advertencias de peligrosas repercusiones a nivel mundial.
En marzo, Marco Rubio anunció la cancelación del 83% de programas de USAID tras auditoría. “Los 5.200 contratos que ahora se cancelan gastaron decenas de miles de millones de dólares en formas que no sirvieron a los intereses nacionales centrales de Estados Unidos”, declaró públicamente. El proceso implicó la reducción del personal activo de cerca de 10.000 a menos de 300.
Los avances del gobierno contra USAID despertaron reacciones nacionales e internacionales. En marzo, una orden judicial, defendida por el juez federal Theodore Chuang, detuvo temporalmente el desmantelamiento. Chuang argumentó que el proceso “usurpó la autoridad del Congreso”, que es el único facultado para decidir el cierre de agencias federales.
La demanda fue presentada por empleados y contratistas de USAID que denunciaron que la reducción de la agencia se había realizado de manera unilateral y sin el debido proceso legislativo. A pesar del fallo judicial, la administración de Trump notificó formalmente al Congreso su intención de cerrar la agencia y transferir sus funciones al Departamento de Estado.
Finalmente, el 1 de julio, Marco Rubio anunció el cierre definitivo de USAID, con la transferencia de sus programas y responsabilidades al Departamento de Estado, bajo la justificación de un enfoque de mayor alineación con los intereses nacionales estadounidenses.