Enormes retos para el sistema financiero
En el Capítulo 17 del T-MEC, México, Estados Unidos y Canadá acordaron incorporar disciplinas y nuevas disposiciones en beneficio de las necesidades del sector de servicios financieros.
Se desarrolló, para ello, un marco jurídico que facilita el funcionamiento de las instituciones financieras que prestan servicios transfronterizos.
La noticia que esta semana cimbró al sector financiero mexicano fue el anuncio del Departamento del Tesoro estadounidense de acusar y sancionar a tres instituciones financieras de México por presunto lavado de dinero asociado con el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), agencia del Tesoro, emitió una serie de órdenes designando a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como sujetos de principal preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Con las órdenes, FinCEN también prohibió a todas las instituciones financieras estadounidenses realizar cualquier transferencia de fondos que involucre a CIBanco, Intercam y Vector.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó haber solicitado al Tesoro “pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
Adicionalmente, la Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención temporal en su administración de las dos instituciones bancarias y la casa de bolsa, con el propósito de restaurar la confianza.
Una de las principales disposiciones que incorpora el Capítulo 17 del T-MEC prevé un mecanismo de consultas para abordar cualquier asunto que afecte los servicios financieros de alguna de las partes, que no aplicó en este caso.
Las sanciones a los dos bancos y la casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, así como su posterior intervención están teniendo un impacto importante en la reputación de las tres instituciones.
Pero pueden tener una afectación parcial sobre otras instituciones con actividades similares, además de generar incertidumbre en el resto de los participantes en el sistema financiero.
De acuerdo con expertos en materia financiera, el objetivo de la intervención gerencial es proteger a los ahorradores y clientes de los bancos, así como a los inversionistas de la casa de bolsa para que no haya corridas.
Ahora las áreas de riesgo o compliance de todas las instituciones en el sistema están asegurándose de que sus procesos y políticas de ‘conoce a tu cliente’ sean suficientemente robustos.
Decretar la intervención responde a que hay problemas. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, informó en la conferencia ‘mañanera del pueblo’ de este viernes que tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, “se constató que las líneas de financiamiento para estas tres instituciones tenían problemas”.
Es así que las autoridades financieras decidieron llevar a cabo una intervención temporal en su administración, con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en sus operaciones y cuidar de manera preventiva los recursos de sus clientes.
El riesgo es que las líneas de financiamiento con instituciones estadounidenses se pueden ‘secar’ incluso para bancos tradicionales o de importancia sistémica en México, advierten los expertos consultados.
Si las líneas de financiamiento se ponen en stand by para todos los participantes en el sistema, se va a encarecer el costo del dinero en perjuicio de las empresas e industrias que realizan transacciones fronterizas y requieren dólares para sus operaciones.
Este efecto adverso derivado del eventual cierre de líneas bancarias a nivel internacional podría convertir a México en un país más caro, no para el gobierno, sino para las empresas que buscan financiamiento.
El Departamento del Tesoro penaliza a las instituciones financieras de Estados Unidos que realicen operaciones con entidades con sede en otro país que han sido señaladas de participar en alguna actividad ilícita, como el lavado de dinero.
En esta coyuntura es importante el reconocimiento de las autoridades financieras mexicanas de que no quisieron correr riesgos y decidieron intervenir las tres instituciones financieras.