Un educador asegura que Quezada amenazó con «hundir» el penal de Brieva con vídeos sexuales de ella y funcionarios

Un educador del Centro Penitenciario de Brieva (Ávila) ha asegurado este viernes en el juzgado que Ana Julia Quezada, que cumple allí prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en Níjar (Almería), amenazó con «hundir» el centro con la difusión de vídeos sexuales de ella y varios funcionarios si no era trasladada a Barcelona. Así lo ha indicado durante su declaración en calidad de testigo con motivo de las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila, que investiga si trabajadores de la cárcel de Brieva tuvieron sexo con ella a cambio de la entrega de un teléfono móvil, y ante cuyo juez han comparecido igualmente el cocinero A.M.H, investigado por su presunta implicación en los hechos, y la novia de Quezada, M.A.R.Q, quien ha declarado como testigo. El chantaje de Quezada, según el educador, tenía por objeto forzar el traslado a un centro penitenciario en Barcelona, donde reside su novia, que la reclusa ya había solicitado mediante la presentación de una instancia, pero que pretendía lograr con la amenaza de destapar los vídeos sexuales en los que ella y varios funcionarios salían practicando sexo. La amenaza se la trasladó la presa durante una entrevista mantenida en julio de 2024, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas. Una de las personas que supuestamente habrían mantenido sexo con Quezada , el que fuera cocinero en el centro penitenciario abulense, ha negado tal extremo y ha atribuido la implicación por parte de la reclusa en el hecho de que no se plegara a sus insinuaciones. Y es que el investigado apunta que Ana Julia se presentó en ocasiones en la cocina de forma insinuante y que le llegó a tocar el hombro, y pese a ello rechazó tener sexo con ella. Sí ha precisado que en una ocasión la presa le pidió el favor de que se pusiera en contacto telefónico con su novia, M.A.R.Q, al objeto de que le llevara al centro ropa de abrigo, llamada que se habría producido a mediados de 2024, si bien la pareja de la reclusa ha asegurado ante el juez que fue el cocinero quien facilitó el aparato el smartphone a su novia. En la causa figura como acusación popular Patricia Ramírez, madre del niño asesinado por Quezada y por cuya muerte cumple prisión permanente revisable en el centro penitenciario abulense. Dicha acusación ha vuelto a insistir en la importancia de tomar declaración también a otra reclusa que, supuestamente, tendría pruebas incriminatorias en este caso pero cuyo testimonio ya fue rechazado. Otro de los funcionarios investigados, S.T, ya declaró en su día en sede judicial, tan solo a preguntas de su abogado, para negar ante el juez que investiga los hechos su implicación en ese supuesto trato de favor a cambio de relaciones sexuales con la reclusa. El interrogatorio del funcionario se produjo en el marco de la investigación por un presunto delito de cohecho, del artículo 443.2 del Código Penal, que dirige el Juzgado de Instrucción número 4 de Ávila contra varios funcionarios de la prisión -han dejado de prestar servicio en el penal a raíz de estos hechos al haber sido suspendidos de funciones- que habría favorecido a la reclusa la tenencia de un teléfono móvil a cambio de favores sexuales.