Pobreza: soluciones, no promesas
Las verdaderas políticas para reducir la pobreza no suelen ser populares, porque limitan el poder de los gobiernos populistas.
La experiencia del siglo XX en distintas partes del mundo demuestra que los programas sociales impulsados por los gobiernos, con el fin de disminuir la pobreza, no han dado resultados efectivos.
Entonces, ¿qué medidas sí funcionan para combatir la pobreza? ¿Debe el gobierno mantenerse al margen y permitir que el mercado, por sí solo, elimine la pobreza y distribuya con justicia la riqueza? Tampoco. El gobierno tiene un papel importante, pero lo debe ejercer con políticas distintas a las que han prevalecido en la mayoría de los países pobres y en vías de desarrollo.
La pobreza consiste, en esencia, en la falta de bienes y servicios. Esa carencia existe porque no hay suficientes empresas productivas, con tecnología moderna y capacidad para generar empleos bien remunerados. Y esas empresas solo pueden crecer donde hay inversión directa, especialmente en los países donde la mayoría de la población vive en condiciones precarias.
En un entorno global, la inversión se dirige no solo a donde hay mayores ganancias, sino a donde existe seguridad y certeza jurídica.
Los inversionistas que realmente generan empleos —los de inversión directa— no son los que especulan con tasas de interés o tipos de cambio. Son quienes impulsan el desarrollo a largo plazo. Para atraerlos, se necesita un entorno legal y económico favorable, con las siguientes características:
a. Estabilidad legislativa. Las leyes deben ser estables, no cambiar con cada nuevo gobierno. Eso da confianza y permanencia a las reglas del juego.
b. Leyes claras, breves y generales. Normas simples, con poco margen a la discrecionalidad de funcionarios y que no se presten a diversas interpretaciones.
c. Paz y seguridad. Los inversionistas priorizan la seguridad, incluso por encima de los rendimientos. Prefieren invertir en lugares donde haya paz.
d. Protección a la propiedad privada. Solo la expectativa de leyes expropiatorias, o de gobiernos que toleran invasiones, como ocurrió en el campo mexicano durante décadas, espanta las inversiones y la posibilidad de capitalizar sectores económicos.
e. Legislación laboral flexible. Si crear empleos formales es costoso y complicado, muchos optan por no hacerlo. La mayoría de los pobres en Iberoamérica no tiene empleo formal, justamente por las barreras legales y administrativas que implica crearlos. No es casual que el país que más empleos generó en el siglo XX, Estados Unidos, tuviera una legislación laboral más flexible que la del resto del mundo.
f. Impuestos bajos y fáciles de pagar. Las naciones que más crecieron en las últimas décadas del siglo XX —como Chile, China y Singapur— lograron reducir la pobreza gracias, en parte, a sistemas fiscales simples y con impuestos bajos.
Avanzar hacia este tipo de políticas es esencial si se quiere reducir la pobreza de forma estructural. Adoptarlas debería ser la prioridad de todo gobierno que realmente busque mejorar las condiciones de vida de los más necesitados.
En contraste, la mayoría de las llamadas políticas sociales han sido herramientas para manipular a los pobres, captar votos, justificar impuestos y desviar recursos públicos, más que verdaderas soluciones al problema de fondo.