Rescatar para 2029 a las 2.600 víctimas sepultadas: el compromiso político con la mayor fosa común franquista de Sevilla

La exhumación de Pico Reja, en el cementerio sevillano de San Fernando, se convirtió en todo un referente al ser en su momento la mayor fosa común abierta en Europa occidental desde Srebrenica, en Bosnia y Herzegovina. Cuando en febrero de 2023 se selló ya vacía, tras más de tres años de trabajo sobre el terreno, se habían localizado 1.786 cuerpos de represaliados del franquismo. Ahora por fin se ha suscrito el protocolo que permitirá abrir otro enterramiento colectivo similar pero todavía más grande, el de Monumento, una tarea que según el compromiso adquirido por las administraciones estará terminada en 2029.

El documento suscrito este martes en realidad indica que la exhumación debe estar terminada en tres años, pero se concede la posibilidad de uno adicional. Y si el plazo está más o menos claro, no ocurre tanto con el presupuesto, ya que en el mismo todavía no se incluye ninguna cantidad y eso se deja para un futuro convenio específico. En teoría este último montículo administrativo debería superarse este mismo año, lo que abre la puerta a iniciar los trabajos a pie de campo en 2025, pero la experiencia aconseja prudencia porque el acuerdo inicial entre las autoridades se rubricó hace casi año y medio.

En cuanto a los dineros, el pacto es que cada administración (los gobiernos central y andaluz, la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla) pondrá el 25%, sea cual sea el montante final, aunque se calcula que la horquilla oscilará entre 2 y 2,5 millones de euros. La corporación provincial es la que más avanzados tiene los deberes, con una partida en el actual ejercicio de 375.000 euros, mientras que el Ejecutivo central anuncia un inminente real decreto para transferir 200.000 euros y la Junta lo sacará de su presupuesto para memoria.

Un acto sin el alcalde

El gobierno local es el que tiene más tarea por delante, primero porque ahora le toca llevar a pleno una modificación presupuestaria para habilitar los fondos, una cuestión que es previsible que no le haga especial gracia a Vox (su aliado presupuestario), aunque en esta cuestión tiene garantizado el apoyo de PSOE y Podemos-IU. Lo segundo es que debe liderar el proyecto al ser el consistorio el propietario del terreno, algo que asume con escaso entusiasmo un PP que desde su llegada a la alcaldía ha liquidado todo lo relacionado con memoria histórica al considerar que es una competencia que no le corresponde.

De hecho, esta exhumación va a ser el primer paso en esta materia que da José Luis Sanz en sus dos años como alcalde, excepción hecha de la puesta en marcha del Consejo local de Memoria, que es obligatoria por reglamento y que se verificó en noviembre de 2024. El regidor no ha acudido este martes a la firma del protocolo, enviando en su lugar a su primer teniente de alcalde, Juan Bueno, después de que a la reunión de hace año y medio no enviase ni a un concejal: encargó la tarea al coordinador de Hacienda y Participación Ciudadana. En el acto de rúbrica han estado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (PSOE); la consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP); y el presidente de la Diputación, Javier Fernández (PSOE).

En cuanto a los mensajes lanzados tras la firma, Fernando Martínez ha hablado de “tarea de Estado y obligación democrática anclada en los derechos humanos”, mientras que Juan Bueno (responsable de Hacienda, Administración y Transformación Digital) ha aludido a que hablamos de “una obligación legal y también moral”. Javier Fernández ha subrayado por su parte que estamos ante “un acto de justicia, reencuentro y reparación”, incidiendo en que “decimos a los sevillanos que no nos olvidamos de ninguno de ellos”.

“El tiempo corre en nuestra cuenta”

Patricia del Pozo ha admitido que “queda mucho trabajo por delante”, después de que el secretario de Estado recordase que Andalucía es la comunidad con más fosas todavía por exhumar. Y ha puesto el acento en la identificación genética, que ha sido el principal empeño de la Junta de cara a este protocolo. “El tiempo corre en nuestra cuenta”, ha señalado en este sentido, ya que “la identificación genética es cada vez más difícil” por el deterioro de los restos y por la mayor distancia de grado familiar que hay con los parientes a los que se toman muestras de ADN.

Por lo que respecta en sí a Monumento, ubicada muy cerca de Pico Reja, investigaciones como la del historiador José Díaz Arriaza apuntan a que puede haber unas 7.440 personas, de las que 2.613 serían víctimas del exterminio franquista, por lo que la relación de represaliados con respecto al total de inhumados es de 1 de cada 3. Esta cifra la deja cerca de las 2.800 personas cuyos restos se encontraron en la fosa del cementerio de San Rafael, en Málaga, la que está considerada como la más grande de España hasta la fecha.

Con más de 1.000 metros cuadrados, se utilizó entre principios de septiembre de 1936 y finales de enero de 1940, y sobre ella se levantó en 2003 un monumento en homenaje a los represaliados del franquismo. Entre las víctimas estarían cargos políticos y representativos de la ciudad y la provincia, funcionarios municipales, los ocho condenados acusados de un complot contra Queipo de Llano o Carmen Díaz, hermana del secretario general del Partido Comunista.

Los memorialistas han aplaudido este martes la firma por fin del protocolo, pero reclaman una “pronta dotación presupuestaria” para iniciar los trabajos lo antes posible. A ello han unido la reclamación para que se abra la puerta a “la participación de los familiares y de la sociedad en la exhumación de la fosa”, así como que se levante un memorial en el punto del cementerio en el que se ubica este enterramiento colectivo.