Los técnicos de Hacienda presionan para cambiar la financiación de los partidos y aumentar el control patrimonial de los políticos
Un cambio radical de la normativa de financiación de los partidos políticos y la de información patrimonial de los representantes públicos para acabar con la corrupción y los "pelotazos". Esa es la última propuesta de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que han planteado 25 medidas para minimizar los riesgos de fraude y corrupción en la contratación pública, después de considerar que el aumento del 18% de las denuncias indican un aumento de las prácticas ilícitas tras analizar los indicadores seleccionados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), un órgano colegiado independiente adscrito al Ministerio de Hacienda.
Desde Gestha exigen "un mayor compromiso" de las personas que dirigen las administraciones públicas con las leyes de Transparencia de sus respectivos ámbitos, limitando las causas de denegación de información que "serán siempre motivadas sin utilizar argumentos estereotipados, e impidiendo que las administraciones interpongan recurso contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, salvo por motivos muy excepcionales".
Asimismo, los técnicos sugieren publicar anualmente un listado de las personas condenadas con sentencias firmes por casos de corrupción, en particular por delitos de financiación ilegal de los partidos políticos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios y blanqueo de capitales. Entre las modificaciones legales, Gestha plantea, entre otras, modificar la normativa de financiación de los partidos políticos y la de información patrimonial de los representantes públicos, incluyendo sanciones por su incumplimiento o cumplimiento incorrecto o extemporáneo, así como desconcentrar el poder de decisión de la contratación mediante la decisión tomada en órganos colegiados.
Entre las medidas organizativas, los técnicos proponen atribuir "con claridad" las funciones, competencias y responsabilidades esenciales de los puestos de trabajo que garantice la función fiscalizadora y de control de la Intervención General del Estado (IGAE) y de las intervenciones forales, autonómicas y locales, así como potenciar los procedimientos de investigación de irregularidades por parte de la IGAE y los órganos de control interno de las comunidades autónomas. En este sentido, el sindicato de los técnicos reclama aumentar progresivamente las plantillas de la IGAE, Agencia Tributaria (AEAT), Haciendas Forales y servicios tributarios autonómicos a la media de los países europeos, ya que, según señala, "España tiene un déficit de técnicos para el control que necesita la envergadura del país", dotándoles de itinerarios de formación especializada.
Igualmente, los técnicos apuestan por aumentar el personal técnico investigador de las oficinas y agencias antifraude de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra, así como por adoptar las medidas necesarias para superar la "crisis" en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana (AVAF), provocada por la remodelación de la forma de nombramiento de su director, ceses de "funcionarios destacados" en la persecución de la corrupción, supresión del comité de ética, los estándares del nuevo código de conducta y la supresión de su consejo de participación.
Por otra parte, Gestha aconseja crear agencias antifraude con funciones de investigación en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y País Vasco, dotándolas de personal y medios suficientes para su finalidad, así como atribuir funciones de investigación o inspección de las denuncias a las unidades o secciones de los Órganos de Control Externo del Consello de Contas de la Comunidad de Galicia (OCEX) y a la Audiencia de Cuentas de Canarias.
En esta línea, los técnicos destacan la importancia de recuperar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares (AIB), suprimida por el Parlamento Balear en marzo de 2024, así como de la creación de oficinas antifraude de ámbito local en municipios de más de 200.000 habitantes, como las ya creadas en Madrid y Barcelona. De esta forma, estas oficinas independientes se crearían para la contratación local de los Ayuntamientos de València, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Bilbao, Córdoba, Valladolid, Vigo, Gijón, Vitoria-Gasteiz, A Coruña, Elche, Granada, Terrassa, Sabadell, Oviedo, Cartagena, Jerez de la Frontera, Móstoles, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona y Almería. En este sentido, Gestha anima a promover la coordinación y colaboración efectiva entre los órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales y con el Tribunal de Cuentas.
Entre las medidas preventivas, los técnicos proponen aprobar la Estrategia Nacional de Antifraude con criterios unificados y actuaciones coordinadas entre las Oficinas y Agencias Antrifraude y los Órganos de Control interno, así como establecer un Sistema de Alertas Rápidas de la corrupción en la Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de las Entidades locales y en su sector público instrumental, para que las oficinas y agencias antifraude analicen estos fraudes en fases tempranas, asegurando la protección al denunciante, especialmente si tiene relación funcionarial o laboral con la entidad denunciada.