Los jueces de Morena
La periodista Reyna Haydee, en la mañanera del jueves pasado, preguntó a la presidenta de la República, qué opinaba sobre la cercanía con la 4T de las candidaturas ganadoras para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claudia Sheinbaum respondió: “no sé si has visto las encuestas de partidos políticos, pues es que el PAN y el PRI se negaron a participar, si tu llamas a no votar, pues cómo esperas que haya candidatos que estén más identificados con otra posición política, eso es lo primero, y lo segundo, la gran mayoría de los mexicanos apoya a la cuarta transformación, entonces, es natural que, a la hora de votar, si había personas que tienen una historia vinculada con un movimiento de transformación, pues sean las personas que elija la gente”.
La declaración presidencial es un reconocimiento explícito sobre la vinculación de la enorme mayoría de ganadores de la elección judicial con el régimen. Ya no hay pudor ni ocultamiento, fuera máscaras, transparencia absoluta de lo que ya sabíamos. No obstante, vale aclarar varios puntos: ni Morena ni ningún otro partido debió postular candidaturas, no lo hicieron en la forma, pero sí en los hechos. Recordemos que la coalición gobernante impuso a los integrantes de los comités de evaluación, salvo en el caso del Poder Judicial Federal, aunque al final, el Senado “sorteó” a las candidaturas y desde la mañanera fueron señaladas las que no debían pasar. El oficialismo ilegalmente impuso las candidaturas federales y la mayoría en los estados; pero donde gobiernan PAN, PRI y MC, hicieron lo mismo.
Durante las campañas, incluso antes de ellas, las candidaturas simpáticas al morenismo fueron apoyadas con traslados, organización de eventos proselitistas legalizados por la complicidad de la mayoría en el Tribunal, participación ilegal de sindicatos y la trampa madre, el uso ilegal de, al menos, 37 modelos distintos de acordeones distribuidos con la coordinación o de servidores públicos y/o de dirigencias partidarias y hasta del personal que entrega los beneficios de programas sociales.
La mayoría de las candidaturas cercanas al oficialismo no tienen méritos judiciales, pero sí los del amiguismo y compadrazgo. No solo fueron seleccionados por los comités de evaluación, también la suerte los asistió en la tómbola, sus nombres aparecieron en los acordeones y recibieron la bendición de la mayoría de las consejerías del INE que no vieron lo que vio todo el país y optaron por declarar válidas las elecciones, porque dijeron que solo el 1% de casillas tuvieron irregularidades.
Otra más, al INE no le cuadraron los promedios de calificaciones que debieron revisar los ineficientes comités de evaluación. El área jurídica propuso una metodología para que las candidaturas ganadoras alcanzaran el 8 y el 9 de cualquier manera, pero las consejerías detuvieron la incertidumbre de los cálculos y el ridículo del oso, por lo que aún no entregan constancias a magistraturas de circuito ni a jueces y juezas de distrito.
La elección judicial es inédita hasta en las modalidades de las trampas implementadas y prácticas fraudulentas que revivieron con boletas planchadas; en el cinismo del oficialismo que reconoce la cercanía de quienes ganaron; en lo contradictorio del triunfo de personas que en sus cargos anteriores sentenciaron esas prácticas y que ahora provienen del ilegal uso de los acordeones. La elección es fraudulenta, por más esfuerzos que hagan algunas voces del INE para convencernos de lo contrario, porque además sientan un precedente peligroso rumbo al 2027.