El Gobierno de Chivite represalió a un funcionario que denunció irregularidades en la obra de Belate

Uno de los funcionarios implicados en la adjudicación de las obras en los túneles de Belate fue represaliado por el Gobierno de María Chivite tras denunciar irregularidades en el proceso. Tal y como informa el 'Diario de Navarra', se trata del letrado secretario de la mesa de contratación, cuya plaza fue trasladada a principios de mes a una nave industrial del polígono de Landaben (al oeste de Pamplona) donde no trabaja ninguna otra persona de su área. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), a la que la propia Chivite ha elevado cinco contratos bajo sospecha tras estallar el caso Cerdán, acreditó este «acto de represalia» y requirió una rectificación «inmediata» al Departamento de Cohesión Territorial, que dirige el hermano de la propia presidenta de Navarra, Óscar Chivite, y de quien depende el movimiento. Tras esto, el trabajador público recuperó su puesto original. El requerimiento señala al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, número dos del Departamento. El motivo es el «empeoramiento de las condiciones laborales» del funcionario, que fue una de las tres personas en la mesa de contratación que, anteriormente, había firmado votos particulares alertando de presuntas irregularidades en la adjudicación de este contrato millonario a la UTE donde se encontraba Servinabar. La empresa en la que tendría participaciones Santos Cerdán de acuerdo con las últimas indagaciones de la Guardia Civil. La OANA, dirigida por Edurne Eginoa, entiende que el traslado, firmado el pasado 6 de junio, partió de un «acto administrativo constitutivo de represalia [...] por las informaciones presentadas [....] a fin de que se investigaran actuaciones o actividades llevadas a cabo por el Departamento de Cohesión Territorial». Así, el pasado 16 de junio, requirió al Consejero la anulación de la resolución que cambiaba la adscripción de la plaza, al considerarlo un acto «nulo de pleno derecho». En la resolución, frente a la que no cabe recurso del Ejecutivo regional y a la que ha tenido acceso este periódico, recordaba a dicho Departamento que «la adopción de cualquier represalia frente a las personas informantes constituye una infracción muy grave». Al mismo tiempo que conminaba a la adopción de «medidas correctoras disciplinarias» frente a las personas que «materialicen actos constitutivos de represalia».