Consumo prepara medidas contra la obsolescencia programada, como las actualizaciones innecesarias

El Gobierno ultima una nueva ley de consumo sostenible que prohíbe diseñar productos con una vida útil limitada de forma deliberada y endurece el control sobre las afirmaciones ecológicas que hacen las empresas. Entre ellas, se encuentran la prohibición de ocultar al consumidor si las actualizaciones de software afectarán negativamente al rendimiento del dispositivo o incluir en su publicidad las supuestas compensaciones de emisiones de carbono que implica su uso.

Según un borrador al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prepara un paquete de medidas contra estas dos prácticas, que han marcado buena parte del consumo en la era digital. Su objetivo es erradicar las estrategias que llevan a la temida obsolescencia programada de los productos, así como el ‘greenwashing’, también conocido como ecopostureo, que exagera su impacto medioambiental positivo sin pruebas suficientes.

La norma, contenida en el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, incorpora la transposición de dos directivas europeas aprobadas este año: la Directiva de Empoderamiento para la Transición Ecológica y la Directiva sobre el Derecho a Reparar. Ambas forman parte del Pacto Verde Europeo y buscan que la transición ecológica no solo dependa de los grandes actores industriales, sino también del comportamiento individual de los consumidores. Para ello, proponen más transparencia, más durabilidad y más control frente a prácticas abusivas.

Prohibido diseñar productos para que se rompan

Entre las medidas preparadas por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy figura la prohibición expresa de introducir en los productos características que limiten su durabilidad, lo que supone por primera vez un reconocimiento legal de la obsolescencia programada como práctica sancionable. También se prohíbe afirmar que un bien es reparable cuando no lo es, o inducir al consumidor a cambiar piezas como baterías o cartuchos antes de lo necesario.

En el caso de los productos digitales, se veta ocultar información sobre actualizaciones de software que puedan afectar negativamente a su funcionamiento. Se trata de una práctica por la que empresas como Apple han recibido multas en varios países, siendo incluso condenada a indemnizar a algunos propietarios de iPhone por no informarles de que las actualizaciones ralentizarían mucho sus dispositivos.

Entre las nuevas medidas también se encuentra la prohibición de presentar como necesarias aquellas actualizaciones que solo mejoran funciones no esenciales, en la misma lína de la anterior. El texto también recoge medidas contra el bloqueo o penalización del uso de piezas de recambio o accesorios no originales, una práctica habitual en sectores como la impresión o los smartphones.

Contra el maquillaje verde

El anteproyecto también incluye una batería de restricciones contra el greenwashing, término que describe el uso de reclamos ecológicos sin base real. A partir de esta ley, las empresas no podrán utilizar términos como “respetuoso con el medio ambiente”, “verde” o “ecológico” si no pueden demostrarlo con pruebas verificables.

Las etiquetas de sostenibilidad deberán basarse en sistemas de certificación sólidos y no se permitirá utilizar logros obligatorios por ley como si fueran una ventaja competitiva. Asimismo, se prohíben afirmaciones globales sobre productos o empresas si solo se refieren a una parte concreta del proceso o del producto.