La amenaza ilícita que se cierne sobre las elecciones
A comienzos del 2025, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el retorno del financiamiento privado para organizaciones políticas. Con el respaldo mayoritario de la coalición autoritaria que hoy gobierna, elevaron arbitrariamente el tope de 120 a 200 UIT por donante, además de autorizar el uso de fondos públicos para financiar la defensa legal de líderes y representantes partidarios.
En un país donde las economías ilegales movilizan muchos recursos, sobre todo en regiones sin el rastreo del Estado, lamentablemente, una medida de este tipo abre las puertas a las mafias. El financiamiento privado puede ser bueno, siempre que sea transparente.
De acuerdo con el Instituto de Criminología y la Asociación Empresarios por la Integridad, con los más de 7.000 millones de dólares anuales que mueven los mercados ilegales en el Perú, el riesgo de financiamiento ilícito puede influir en hasta 100.000 campañas electorales en las elecciones de 2026.
Mientras los flujos ilícitos del oro, cocaína, contrabando y tala ilegales siguen penetrando las dinámicas económicas del país, este informe supone una alerta que las autoridades electorales deben observar.
Pero este riesgo tiene responsables. Han sido los congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial y Somos Perú quienes, en lugar de proteger el proceso electoral frente al avance sostenido de las redes criminales, lo han expuesto a la criminalidad.
Esta correlación no es una coincidencia: buena parte de quienes votaron a favor de la norma pertenece a bancadas cuyos dirigentes están involucrados en investigaciones por presuntos delitos de financiamiento ilegal. Es el caso de Keiko Fujimori (FP) y Vladimir Cerrón (PL), por ejemplo.
Es lamentablemente conocido que las campañas locales, sobre todo en distritos con baja capacidad estatal para la fiscalización, constituyen hoy un canal óptimo para el ingreso de dineros ilícitos.
Es urgente que los propios partidos políticos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones, junto con el Ministerio Público, preparen y den a conocer un plan de trazabilidad de los movimientos económicos partidarios para contrarrestar la infiltración criminal en las campañas electorales.
Es indispensable no claudicar en la publicación digital inmediata y obligatoria del financiamiento, mientras un próximo Parlamento encauce una reforma electoral estructural que corrija este despropósito.