Un testigo tumba ante la jueza de la DANA el informe de un alto cargo de Mazón que rebajó su papel en el control del Poyo

El director general de Medio Natural y Animal de la Generalitat, Luis Gomis Ferraz, encara con mal pie su declaración como testigo ante la jueza instructora de la causa de la DANA. Gomis, de quien dependen los agentes medioambientales, ha dado varios bandazos desde el pasado 29 de octubre. Primero explicó que ofreció a sus efectivos para medir el caudal sobre el terreno de los barrancos (el desbordamiento del Poyo causó la mayoría de los fallecimientos) y luego matizó y endosó la responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Por el contrario, un testigo especializado en la normativa sobre emergencias y protección civil ha tumbado su versión.

La misma mañana del día de la DANA, el director general reconoció en una nota interna (desvelada el 25 de noviembre por elDiario.es) que el control de los caudales de barrancos como la rambla del Poyo también era competencia de la Generalitat, a pesar de que el Gobierno de Mazón lleva casi ocho meses tratando de responsabilizar en exclusiva a la CHJ. El alto cargo remitió en abril a la jueza instructora un primer informe que incluía la comunicación interna que le envió minutos después al entonces secretario autonómico y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso, actualmente investigado en la causa, con el ofrecimiento de los agentes medioambientales para que vigilaran el caudal de los barrancos, sin haber obtenido respuesta. Sin embargo, en un segundo informe enviado a la magistrada el pasado 8 de mayo, Luis Gomis rebajó notablemente el papel de su departamento en la vigilancia de los caudales y afirmó que la Generalitat era la “sexta alternativa” para esa competencia en concreto, asignando el papel principal a la CHJ. Entre el primer y el segundo informe, se produjo un hecho importante: la jueza había decidido citarlo a declarar en condición de testigo.

Sin embargo, la tesis del último informe del director general ha sido matizada por J. V. T., el jefe de servicio de Planificación del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat que ha declarado este viernes como testigo. “No es así”, ha afirmado en referencia al último informe de Luis Gomis, vinculado en el pasado al Consejo Valenciano de Caza como presidente de la Asociación de Propietarios Rurales y Titulares de Terrenos Cinegéticos para la Gestión Forestal y Conservación del Medio Ambiente.

La jueza instructora, según fuentes conocedoras de la testifical, ha preguntado específicamente al testigo por la tesis del segundo informe de Luis Gomis, según la cual los agentes medioambientales estarían en una suerte de sexto puesto en un supuesto 'ránquing' para el control de los caudales.

El jefe de servicio de Planificación del Centro de Emergencias ha desmentido al alto cargo de Mazón. El Plan Especial de Inundaciones enumera los organismos que participan en el seguimiento de los caudales e incluye tanto a la CHJ y a los municipios como a “servicios de intervención desplegados en el territorio, especialmente” a los agentes medioambientales, la Guardia Civil, Bomberos forestales de la Generalitat, Policía autonómica, brigadas forestales de la Diputación e incluso a las comunidades de regantes.

Aunque, tal como ha especificado el testigo, la CHJ cuenta con sensores y “capacidad de interpretación” de los datos que emiten. Por otro lado, ha aludido a la metáfora de las “muñecas rusas” para explicar que el Plan de Inundaciones de la Generalitat incluye a todas las administraciones, desde la autonómica, que dirige la emergencia, hasta la estatal o la municipal para vigilar los barrancos.

El testigo ha afirmado: “Todos ellos son recursos que van todos en el mismo pack”. “Los agentes medioambientales, igual que los Bomberos forestales, se pueden movilizar para que hagan seguimiento”, ha dicho.

El “principal fallo” de la gestión de la catástrofe

En definitiva, los agentes medioambientales no fueron movilizados, a pesar del ofrecimiento del alto cargo a Emilio Argüeso. Por otro lado, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos que medían el caudal del barranco del Poyo en puntos clave como Torrent, Picanya o Paiporta fueron retirados a partir de las 14.30. El exjefe del consorcio, José Miguel Basset, explicó en la comisión de estudio de la DANA de la Diputación de València que los Bomberos se retiraron porque se hacía la hora de comer. Tras su polémica declaración, pidió disculpas.

Los bomberos que medían el caudal incluso hicieron público el 'ticket' de la comida que se habían comprado para poder seguir midiendo el caudal. El informe del Consorcio Provincial de Bomberos remitido a la comisión de investigación de la DANA en las Corts Valencianes, que ni siquiera alude a los rescates del día de la tragedia, soslaya la retirada de sus efectivos del barranco del Poyo, tal como ha informado este diario. Basset es uno de los testigos de la causa pendientes de fecha para declarar.

La jueza instructora, por su parte, ha puesto en el punto de mira de sus pesquisas la retirada de los efectivos: en un auto del pasado 18 de junio pidió a la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, información sobre la movilización de los Bomberos. Al consorcio, le solicitó los datos del número de rescates efectuados antes de que se diera la orden de retirada.

La magistrada tomó la decisión al día siguiente de que una testigo —M.R.M., jefa de servicio de Emergencias— desvelara que la orden de enviar a los Bomberos a medir el caudal quedó registrada en el 'CoordCom', la 'caja negra' operativa, a las 12.48. Además, otro testigo que declaró a continuación (el 19 de junio) confirmó que en el Centro de Emergencias no se enteraron de que los Bomberos habían sido retirados a partir de las 14.30 (una orden que aparece en el 'CoordCom').

Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias imputado en la causa junto con la exconsellera Salomé Pradas, afirmó en su declaración que la decisión de desmovilizar a los efectivos que medían el caudal de la rambla del Poyo fue el “principal fallo” de la gestión de la catástrofe.