Cambios a la reforma no eliminan riesgos ni las barreras de inversión en telecomunicaciones
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que se discutirá en el próximo periodo extraordinario de sesiones que arrancará el lunes 23 de junio, fragmentará las funciones de la Agencia de Transformación Digital y telecomunicaciones (ATDT) en dos nuevos organismos, la Comisión Nacional Antimonopolios y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pero mantiene disposiciones polémicas que generan incertidumbre en la industria, de acuerdo con expertos que urgen a realizar ajustes antes de su aprobación.
Aunque se busca limitar el poder centralizado, temas como el alto costo del espectro, restricciones en la interconexión y falta de accesibilidad en servicios digitales siguen sin resolverse, amenazando inversiones.
“Hay escepticismo en los cambios que se anunciaron, todavía no tenemos el documento de la nueva iniciativa que nos indique si realmente se llevarán a cabo los cambios necesarios a la Ley de Telecomunicaciones, y esa ambigüedad ha sembrado incertidumbre en toda la industria”, señaló Salomón Padilla Duarte, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM).
Aunque se tiene previsto que las modificaciones a la iniciativa acoten el poder de la ATDT al dividir sus funciones, aún hay al menos 10 disposiciones específicas que arrastrarían los mismos vicios del modelo que buscaban corregir.
Uno de los puntos más criticados es la eliminación de la obligación del uso correcto del lenguaje en contenidos públicos. El argumento oficial fue que esa exigencia resultaba “ambigua y subjetiva”. Para los críticos, es una puerta abierta a la desinformación, la manipulación o la censura.
“Quitar esa obligación puede derivar en arbitrariedades por parte de la ATDT, aunque digan que ya va a estar supervisada por dos organismos más. Este punto da pie a que se pueda justificar la censura, pero también permitir la manipulación de contenidos sin consecuencias legales”, indicó Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).
Otra controversia encendida se centra en el derecho a la interconexión, ya que con la nueva redacción se pretende limitar esta obligación a concesionarios comerciales, dejando fuera a operadores sociales y públicos.
“Insisto, la redacción de la nueva iniciativa todavía no la hemos visto, pero lo que están señalando es que la interconexión sólo va a ser entre concesionarios comerciales para beneficiar a las redes de telecom que operen en zonas alejadas o marginadas”, explicó Padilla Duarte.
Costo del espectro radioeléctrico sigue caro
El asunto del espectro radioeléctrico pasó inadvertido en las modificaciones, ya que el gobierno asegura que éste ha disminuido en 17.5 por ciento desde 2023.
“Las condiciones para su acceso siguen siendo prohibitivas para nuevos proyectos, hay que recordar que para 5G se requiere mucho más espectro que para 4G y si esto no se analiza ahora, el despliegue va a ser más lento”, señaló Alejandro Adamowicz, director de Tecnología y Compromiso Estratégico para Latinoamérica en la GSMA.
Incluso elementos sensibles como la accesibilidad para personas con discapacidad quedaron en un limbo legal. Aunque se incorporaron menciones genéricas a la “inclusión digital”, no se establecen obligaciones específicas para aplicaciones, servicios móviles o plataformas de gobierno digital.
En el fondo, la reforma refleja una tensión no resuelta de cómo regular el ecosistema digital, ya que los expertos señalan que no tienen la certeza de que la ATDT no vaya a ser capturada por intereses políticos, tal y como ha sucedido con otros sectores que dependen del Estado.
“Nos vendieron una reforma democratizadora, pero parece que van a continuar ciertos candados; si se concretan estos cambios, hay que aceptarlos, porque es lo mejor que hay, es lo mejor que pudimos conseguir; no podemos regresar porque el IFT ya no está, ya desapareció”, agregó el vicepresidente de la ATIM.
Por ahora, los analistas esperan conocer el nuevo documento e incluso que el Congreso se los pueda presentar antes para realizar modificaciones antes de su aprobación, que se espera sea antes del 30 de junio, fecha en que termina el Periodo extraordinario de sesiones que se celebrará del 23 al 30 de junio.