Tomás Gálvez apura su retorno al Ministerio Público y le pide a Delia Espinoza ser reincorporado como fiscal Supremo
A través de un oficio dirigido a la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, Tomás Gálvez solicitó formalmente su reincorporación como fiscal supremo titular, tras orden de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cargo del que fue destituido en el 2021 por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto' aunque ha negado reiteradamente las acusaciones y asegura ser víctima de persecución política. El último miércoles, Gálvez se apersonó a la Fiscalía y denunció ante la prensa que no fue recibido por Espinoza; sin embargo, reconoció que no había solicitado una cita previamente.
Durante una entrevista concedida a Canal N, Tomás Gálvez se pronunció sobre la situación actual del Ministerio Público y manifestó que para él no existe una crisis en la institución.
"Tanto como decir crisis, quizás no sea así, pero que el requiere de una reforma estructural y profunda y urgente, no hay duda al respecto. Porque la delincuencia nos ha desbordado y en gran medida también es atribuible la responsabilidad al Ministerio Público, se ha priorizado el empleo de recursos a perseguir a enemigos políticos y encubrir amigos", sostuvo.
Cabe señalar que el Ministerio Público atraviesa un momento de tensión institucional, marcado por el intento de retorno de Patricia Benavides al cargo de fiscal de la Nación, tras un fallo también de la JNJ. La situación ha generado serios cuestionamientos sobre la autonomía de la Fiscalía frente a decisiones judiciales que debilitan el rol del órgano encargado de sancionar a jueces y fiscales.
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Gálvez y el caso 'Cuellos Blancos': los audios que marcaron su caída
Tomás Gálvez fue uno de los nombres vinculados al caso 'Cuellos Blancos del Puerto', una red de corrupción judicial expuesta en 2018. Su implicación surgió tras la difusión de audios por parte de IDL-Reporteros, donde se le escucha conversando con personajes centrales del escándalo, como el exjuez supremo César Hinostroza.
En los registros se aluden a coordinaciones para influir en nombramientos y decisiones judiciales, lo que generó sospechas sobre su posible participación en una organización criminal que operaba dentro del sistema de justicia.
Como consecuencia, en julio de 2020, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional en su contra por presuntos delitos como tráfico de influencias, cohecho y patrocinio ilegal. Aunque el Congreso finalmente archivó la denuncia, Gálvez quedó políticamente debilitado y fue removido del cargo por la Junta Nacional de Justicia en 2021.