Golpismo en marcha: enterrando la independencia judicial, por Diego García-Sayán

"La historia se repite", frase según la cual ciertos patrones humanos tienden a manifestarse una y otra vez en distintas épocas, aunque cambien los contextos y los protagonistas. No implica un calco exacto, sino la recurrencia de las principales estructuras y líneas de comportamiento.

En alguna medida, es lo que está padeciendo el Perú: corrupción institucionalizada en los altos niveles del Estado, vibrante Pacto Corrupto Ejecutivo/Congreso y búsqueda obsesiva por la concentración de poder. ¡Yala!, como se diría coloquialmente…

Lo venimos viendo ya por más de dos monótonos años de deterioro institucional.

Ilegal reposición fue frustrada

El último golpe: la intención del Pacto de reponer a la mala como fiscal de la Nación a la cuestionada fiscal Benavides. Fue removida en 2024, válidamente, de su cargo por severos indicios de corrupción. Como se recordará, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió, por unanimidad, destituirla tanto del cargo de fiscal de la Nación como de fiscal suprema, tras un proceso que duró meses. Esa decisión está vigente y sigue válida.

Destituida, como lo sabemos todos, tras constatar que intervino indebidamente para favorecer a su hermana, la jueza Enma Benavides, vinculada a presuntos sobornos. Otras de las imputaciones: red de corrupción con varios congresistas investigados y parcializarse en la investigación a la presidenta Boluarte para asegurar su impunidad. La entonces fiscal de la Nación Benavides, en escandaloso pase, antes de interrogar a la presidenta por las 49 muertes aún impunes de 2022 y 2023, le habría alcanzado las principales preguntas, violando arteramente una de las obligaciones esenciales del Ministerio Público.

En junio de 2023, Patricia Benavides, en su articulación con congresistas del Pacto, archivó una investigación preliminar contra al menos 37 congresistas del grupo conocido como “Los Niños”, vinculados a presuntos pagos ilícitos. Del grupo, 11 parlamentarios beneficiados (entre ellos Waldemar Cerrón, María Acuña y Héctor Valer) votaron aquel 13 de diciembre de 2023 en favor de una moción promovida por Renovación Popular que buscaba remover a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la única institución entonces con autoridad para sancionar a Benavides. Estaba claro quién llevaba la batuta; como ahora.

El Pacto en acción

Pretender reponer como fiscal de la Nación a la cuestionada Patricia Benavides —de manera irregular e incumpliendo los requisitos legales— tiene el inescapable “aroma” de la pestífera mano del Pacto Corrupto. Irregular, pues no hay la resolución unánime de los siete miembros de la JNJ, que se requiere. Pero sobre todo porque al fiscal de la Nación solo lo puede designar la Junta de Fiscales Supremos.

Los miembros del Pacto Corrupto en el gobierno y en el Congreso aún gozan de impunidad. Pero la historia del Perú y del mundo les enseña que los pactos de corrupción como estos no duran para siempre. En Guatemala, por ejemplo, se acabaron por acción del pueblo: los integrantes de lo que fue el Pacto de los Corruptos que le tocó sufrir están fuera del poder, procesados y son, además, parte de la “lista negra” del gobierno de los EE. UU. Se usó la ley estadounidense Magnitsky para actuar frente a extranjeros sindicados de corruptos o de violadores de derechos humanos.

Pero el Pacto peruano sigue aún vivito y coleando: rigiendo Ejecutivo y Legislativo, como es evidente. Se les “escapa”, por ahora, la fiscal de la Nación y buena parte del Poder Judicial. Dentro del desprestigiado Congreso corrupto, la articulación clave es, sin duda, la que se da entre los partidos que lo dominan y votan de manera alineada.

“Bisagra” Pacto Corrupto/extremistas de derecha

El Pacto en el Perú está muy activo. En su dinámica es particularmente visible el protagonismo de la conocida congresista Gladys Echaíz, quien, como se recordará, fue la silente —y pasiva, para algunos— fiscal de la Nación durante el segundo gobierno de Alan García.

Y es quien desempeña un rol clave en la arquitectura actual del Pacto. Como exfiscal y como congresista, dotó al bloque del Pacto de una fachada de legalidad técnica, mientras —como se conoció— Echaíz habría sostenido reuniones secretas con Jaime Villanueva, asesor de Patricia Benavides, para coordinar ataques contra la entonces fiscal de la Nación, la independiente Zoraida Ávalos, y contra la propia JNJ. Historia conocida.

En su calidad de miembro de la Comisión de Justicia del Congreso, es conocido que Echaíz ha impulsado propuestas para bajarse a la independiente JNJ: reemplazándola por una "Escuela de la Magistratura", bajo mayor control político. En su momento, como también es de público conocimiento, ya “blindó” al entorno de la entonces fiscal Benavides, obstaculizando investigaciones, denunciando a fiscales incómodos y poniéndose de perfil ante las sólidas pruebas de que la entonces fiscal Benavides llevaba a cabo intervenciones indebidas en casos penales a favor de decenas de congresistas bajo investigación.

La defensa de la justicia independiente exige no solo resistir el retorno indebido de Patricia Benavides, sino también transparentar a quienes han tejido esta red de impunidad desde las sombras del poder. Y que, ostensiblemente, apuntan a copar la justicia desde adentro, con el Congreso y la Fiscalía como palancas principales. Si no se expone y frena, el Estado de derecho corre un riesgo sin precedentes.