Colombia: violenta y sin legitimidad
Los acontecimientos más recientes en Colombia, donde el candidato a la Presidencia por la oposición sufrió un atentado, revelan una degradación creciente de la política en el país y un posible retorno a las prácticas del pasado violento. Esto se debe a que, más que un gobierno constitucional, la manera de hacer política del oficialismo colombiano, cada vez se parece más a una lucha por poder y territorio entre facciones.
En filosofía política y del derecho, lo que distingue a un gobierno de derecho, frente a uno de hecho, es la existencia de diversas fuentes de legitimidad. No obstante, en Occidente esta legitimidad se deriva particularmente de la obediencia interna de las normas jurídicas y el ejercicio del poder apegado a las leyes. Esto quiere decir que un gobierno, para ser legítimo, no solo debe gozar del monopolio legítimo del uso de la fuerza, sino que también debe ejercer el poder de manera limitada y hacer cumplir el marco jurídico vigente sin necesidad de imponerse. De lo contrario, no existiría ninguna diferencia entre una banda de criminales y el Estado.
Entre las urnas y los balazos
Ahora bien, estas condiciones de legitimidad adquieren una mayor complejidad cuando se trata de un gobierno democrático. Esto se debe a que, una definición procedimental de la democracia, la cual se enfoca exclusivamente en la elección popular de los representantes y el proceso de toma de decisiones colectivas, no es suficiente para cumplir con las exigencias impuestas por este tipo de gobierno constitucional. Es decir, un gobierno que sí cumple con las leyes también puede ser ilegítimo, como es el caso de muchos gobiernos autoritarios, los cuales moldean las normas y reglas del juego a su conveniencia. Por lo tanto, en el caso colombiano, aunque desde la perspectiva legal sí sea un gobierno democrático y legítimo, en la práctica es posible plantear diversos cuestionamientos.
Asumiendo que el gobierno está dispuesto a tomar medidas extraordinarias, e incluso ilegales, a fin de retener el poder, es la responsabilidad de la población de imponer un freno a estas acciones.
En primer lugar, estas acciones en contra de la oposición podrían interpretarse como una primera alerta sobre cuán dispuesto estaría el oficialismo a recurrir a prácticas violentas, a fin de retener el poder. Desde una perspectiva simplista, debido a que se trata del gobierno, estas acciones podrían ser legítimas, dado que cuenta con el monopolio del uso de la fuerza. No obstante, debido a que se trata de una extralimitación de poderes y una imposición por la fuerza para garantizar la obediencia interna, en la realidad, los miembros del Estado colombiano estarían actuando más como criminales que como políticos.
Al mismo tiempo, debido a que este suceso se registra a las puertas del siguiente evento electoral, podría sentar un precedente para una consecuente desestabilización política e institucional. En este sentido, si se acepta que el gobierno está actuando cada vez más como un grupo criminal, esta desestabilización favorecería a que otros grupos paralelos, violentos e ilegales penetren en las estructuras de poder y, finalmente, profundicen en la crisis política en la que se encuentra el país. Como consecuencia, las estructuras, políticas, administrativas y sociales responderían a intereses ocultos y alejados del bien común.
En los últimos años, la trayectoria histórica y política de Colombia se ha caracterizado por la violencia y la convulsión social que, de forma indirecta, también ha afectado a las dinámicas geopolíticas de la región. Por ende, asumiendo que el gobierno está dispuesto a tomar medidas extraordinarias, e incluso ilegales, a fin de retener el poder, es la responsabilidad de la población de imponer un freno a estas acciones. De no hacerlo, no solo pondría en peligro los derechos y libertades de su propia población, sino que también pondría en riesgo la seguridad regional.