Red cobraba hasta RD$100 mil por visas y cédulas falsas a extranjeros, incluyendo haitianos
Entre los condenados figura un empleado de la Junta Central Electoral; operaban en Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Santo Domingo. La jueza del Distrito Judicial de Barahona condenó a cuatro miembros de una red delictiva dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados, entre ellos cédulas, pasaportes y carnets de instituciones de seguridad, por los cuales cobraban entre RD$70 mil y RD$100 mil a ciudadanos dominicanos y extranjeros.
El grupo, que operaba principalmente en Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional, incluía al empleado de la Junta Central Electoral (JCE) Andys Hernández Rivera, quien aprovechaba su posición para facilitar el acceso a registros y validar documentos alterados.
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La red también falsificaba visados de países como Estados Unidos, Canadá, Curazao, Chile, Haití, Países Bajos y otros de América Latina y el Caribe.
Múltiples tipos de falsificación
Las investigaciones del Ministerio Público, en conjunto con la Dirección Nacional de Seguridad Civil, la Dicrim y la Dirección de Seguridad de la JCE, revelaron que la estructura criminal falsificaba una amplia gama de documentos, incluyendo:
- Cédulas de identidad y actas de nacimiento
- Pasaportes y licencias de conducir
- Licencias de porte y tenencia de armas de fuego
- Carnets falsos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y del Ejército de la República Dominicana (ERD)
- Títulos académicos de la Universidad del Caribe (Unicaribe)
- Visados de países extranjeros, utilizados para facilitar salidas ilegales o crear identidades falsas, especialmente a nacionales haitianos y dominicanos
El negocio ilegal comenzó a ser desmontado a principios de 2024, tras el arresto de varios extranjeros en Barahona con documentos falsificados.
Las investigaciones condujeron a laboratorios clandestinos operados por los acusados.
Condenas y penas impuestas
La jueza Fátima Cruz Estrella, del Distrito Judicial de Barahona, impuso las siguientes sentencias mediante el procedimiento penal abreviado.
Se trata de: Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos Gómez: 6 años de prisión (con 5 años suspendidos), a cumplir en el CCR Baní Mujeres y el CPL de Barahona, respectivamente, Yonel Raphael: 3 años de prisión (con 2 años suspendidos), a cumplir en el CPL de Barahona y Andys Hernández Rivera, empleado de la JCE: 3 años de prisión (con 2 años y 2 meses suspendidos) y una multa equivalente a 20 salarios mínimos.
Todos los condenados deberán cumplir condiciones específicas durante su libertad condicional: residir en el domicilio fijado, abstenerse del uso excesivo de alcohol, no portar armas, mantener conducta ejemplar y estar bajo vigilancia del juez de Ejecución de la Pena de Barahona.
Asimismo, se ordenó el decomiso de los equipos electrónicos utilizados en la falsificación, en favor del Estado dominicano.
Los hechos violan múltiples disposiciones del Código Penal, así como la Ley 172-13 sobre Protección de Datos, la Ley 53-07 de Delitos de Alta Tecnología y la Ley 4-23 sobre Actos del Estado Civil.
Proceso pendiente
La estructura fue liderada por Pablo Selmo De La Cruz, actualmente en prisión preventiva y a la espera de juicio. También fueron identificados como operadores clave Modesto Alcántara, testigo en el proceso abreviado, y los ya condenados José Alfredo de los Santos, Divisay Amparo y Yonel Raphael.
Este golpe al crimen organizado fue posible gracias a una labor de inteligencia desarrollada durante casi un año, con vigilancia en múltiples puntos del país y el apoyo de la Consultoría Jurídica de la JCE.
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