El listado de las 9.000 VUTs ilegales en Galicia de Consumo: un excel con datos sin cribar de una única plataforma

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy , visitó el pasado mes de abril la capital gallega y aprovechó para anunciar que entregaría a la Xunta un «archivo digital» en los días posteriores a su llegada a Compostela, donde se constataba la existencia de más de 9.000 viviendas de uso turístico ofertadas de forma ilegal en plataformas digitales. Esta irregularidad, señalaba Consumo, se debía a que en los anuncios de las viviendas no se incluía el número de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia (REAT) Y un mes y medio después, Turismo de Galicia, institución competente en la materia, replicó al Ministerio de Bustinduy este lunes que el 'archivo digital' en cuestión resulta «inoperativo» debido a su «falta de rigor jurídico». Concretamente, explica el departamento dirigido por Xosé Merelles que se trata de « una tabla de excel que no sirve para el trabajo de inspección al ser un volcado directo de datos sin cribar y sin criterio extraído de una única plataforma con numerosos errores e imprecisiones». Así se lo hicieron saber a Consumo a través de una carta, en la que también se especifica que, debido a esta falta de cribado, el listado no recoge únicamente viviendas de uso turístico, colándose también alojamientos ofertados de otras tipologías que sí están debidamente registradas en el REAT. «Se trata, además, de un documento con numerosas dificultades de identificación de las viviendas y con distintos errores e imprecisiones que hacen que el documento no sirva para el trabajo diario de la inspección turística gallega» indica Turismo de Galicia en un comunicado. No fue hasta el 12 de mayo cuando el ministerio anunció la entrega del informe al Ejecutivo gallego junto a una carta ofreciendo «toda la colaboración» para poner coto al fenómeno , instando a la Xunta a actuar y abrir expedientes atendiendo al informe digital. Un envío que, en teoría, según aseguraron desde Consumo, se envió dos semanas después de la visita de Bustinduy a Santiago, en la que se reunión con la regidora compostelana, Goretti Sanmartín, alabando su labor a la hora de limitar el número de VUTs en la capital gallega. Sin embargo, desde Turismo de Galicia afirmaron el 13 de mayo, un día después del envío, que todavía no tenían constancia de la documentación, a pesar de que Bustinduy había anunciado el 'archivo digital', elaborado por la Unidad de Análisis de Consumo (UAC), 25 días atrás. Ya por aquel entonces, Turismo intuía que, «con esta actuación , el Gobierno de España parece tener interés en generar una alarma y generar un mayor rendimiento mediático antes de querer solucionar un hecho que consideraron de gravedad, intentando al mismo tiempo perjudicar a un sector turístico que está reportando importantes beneficios para Galicia», explicó la institución a cuestiones de ABC. Una intuición que reivindicaron este lunes desde Turismo de Galicia, tras haber analizado el informe, que recibieron hace «algunas semanas». «Trabajamos dentro del Plan de Inspección Anual de la Xunta de Galicia y actuaremos siempre que detectemos una ilegalidad o irregularidad debidamente acreditada y, de ser el caso, iniciamos un expediente sancionador que podrá derivar en una sanción tipificada en la Ley de Turismo », aseguró el director de la institución, Xosé Merelles. Asimismo, el director de Turismo de Galicia reivindicó que «no escatiman en esfuerzos en la supervisión e inspección», poniendo por ejemplo las 4.000 actuaciones llevadas a cabo en 2024 , siempre preservando la «seguridad y calidad en el ámbito turístico». Fue a partir de estas actuaciones que 791 viviendas de uso turístico fueron dadas de baja en Galicia de 2024, mientras que hasta el pasado 13 de mayo del presente año, se habían realizado otras 476 bajas de este tipo de alojamientos. Una labor de Turismo a la que acompaña, lamentó Merelles, la «falta de lealtad institucional» por parte del Gobierno central, ya que desde el departamento defienden su «incuestionable» colaboración con la Administración central, recordando que las competencias de vivienda corresponden al gobierno gallego.