Cuál será el "efecto CFK" en un megamillonario juicio que enfrenta Argentina
El fallo adverso a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner generó movimientos también en el plano económico. Mientras unos intentan usarlo a favor de Argentina en los juicios en el exterior, especialistas ven con pocas posibilidades que tenga un efecto.
La organización Acción Republicana por Argentina (RA4ARG por sus siglas en inglés) envió a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, donde tramita la apelación por la causa de la privatización de YPF) una carta en la que informa sobre la condena de Fernández de Kirchner y en la que vincula a la familia Eskenazi, los demandantes originales en la causa, con Lázaro Báez a través de la privatización del Banco de Santa Cruz, y con la familia Kirchner. A razón de esto, celebra la prohibición de ingresar a Estados Unidos vigente sobre Kirchner.
La carta suscitó dudas sobre el efecto que podría tener la detención de la dos veces presidenta sobre los casos abiertos en tribunales internacionales contra Argentina.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, explicó que la carta de la ONG genera ruido en el proceso judicial. "Vincular a Lázaro Báez, Cristina Kirchner, Petersen y Burford en un mismo recipiente va a hacer que los beneficiarios respondan en los próximos días que la organización intenta hacer ruido, y puede resultar perjudicial, porque la condena no tiene nada que ver con el juicio de YPF".
%uD83D%uDED1La condena de CFK en el caso de YPF. Opino que los beneficiarios del fallo no van a demorar su respuesta. pic.twitter.com/y3KDwQ8iWl
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) June 11, 2025El especialista explicó que la condena que rige sobre Kirchner no tiene nada que ver con el caso de la familia Eskenazi, llevado adelante por Burford Capital. "Involucrarlo en esta causa puede hacer que los jueces lo tomen como algo negativo, porque Vialidad no tiene nada que ver y la jueza Loretta Preska ya resolvió que no hubo corrupción en la causa que trata".
El juicio llevado adelante en Nueva York refiere a la violación del estatuto de la empresa que requería que, al realizarse una compra mayoritaria de las acciones, el comprador debía realizar una oferta similar al resto de los accionistas. Esto no ocurrió y se decidió impulsar el juicio.
Tras realizarse el proceso de discovery, a raíz del cual los involucrados presentaron más de 74 mil páginas en conjunto, Preska desestimó hablar de corrupción en la causa que trataba. "La ONG incorpora la corrupción para discutir el fallo que se está apelando ahora", dijo Maril en referencia a los u$s 16.000 millones de pena que pesa sobre Argentina que, según explicó el especialista, hoy ascienden a más de u$s 17.000 millones por los intereses.
Para Bernardo Saravia Frias, ex procurador del Tesoro, responsable de llevar la defensa de Argentina, la sentencia de la Corte da un indicio de comportamiento irregular del Ejecutivo.
Si bien coincide en que la condena no está vinculada con YPF, no descarta que Burford pueda usarlo para pedir un fallo favorable y que se rechace la apelación, mientras que la ONG busca que se posterguen las definiciones ya que intenta mostrar una matriz de comportamiento.
Otro elemento que sumó Saravia Frías es que las causas en manos del juez Ariel Lijo si tratan sobre corrupción en el proceso de privatización, las cuales, de avanzar, podrían tener efectos más contundentes sobre la causa que tramita en Nueva York.
"En derecho tiene que haber una relación causal, más en una responsabilidad patrimonial. Pero los jueces si prestan atención a los acontecimientos y puede estar involucrada la condena en una decisión final", agregó el jurista.
El de YPF es el caso con el que mayor vinculación podría tener la condena de la expresidenta.
Sobre los otros, quedan dudas. En el caso de cupón PBI, el demandante podría haberlo tomado, pero no restan instancias de apelación. Maril recordó que el FMI apuntó a los juicios abiertos y reclamó que Argentina avance en los pagos.
El caso de Aerolíneas Argentinas tiene un destino similar. La demanda, encabezada por Titan Consortium, quien le compró la demanda a Burford, todavía tiene instancias de apelación.