Si compras un coche eléctrico y entregas el antiguo, puedes deducirte hasta 1.000 euros gracias al sistema CAE

Certificados de Ahorro Energético (CAE)Real Decreto 36/2023Una nueva deducción de hasta 1.000 euros se ha abierto paso para quienes estén pensando en dar el salto a la movilidad eléctrica. El instrumento no llega esta vez en forma de ayuda directa ni subvención, sino a través de un sistema poco conocido todavía para el gran público: los Certificados de Ahorro Energético (CAE). Este mecanismo permite transformar los ahorros energéticos generados por algunas actuaciones —como cambiar un coche de combustión por uno eléctrico— en una cantidad económica que puede venderse en un mercado específico. El único requisito añadido: entregar el vehículo antiguo, ya sea para achatarramiento, venta o cesión.

Con este modelo, el Gobierno busca extender una lógica distinta a la de las subvenciones tradicionales. El ahorro energético, convertido en una especie de “moneda verde”, puede venderse a empresas que están obligadas a justificar mejoras en eficiencia. A cambio, el ciudadano que ha realizado esa mejora —como adquirir un coche eléctrico— recibe una cantidad que, en el caso concreto de la movilidad, puede alcanzar los mil euros.

Un mercado para el ahorro energético

Desde enero de 2023, el Real Decreto 36/2023 regula el nuevo sistema de Certificados de Ahorro Energético, una pieza clave en la estrategia de transición ecológica. El CAE es un documento electrónico que acredita oficialmente el ahorro de energía final conseguido con una determinada actuación. En este caso, el cambio de un coche térmico por uno eléctrico entra dentro de las acciones estandarizadas del sistema, gracias a una ficha técnica validada previamente por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El CAE se mide en kilovatios hora por año (kWh/año) y, una vez certificado el ahorro, puede ser vendido a precio de mercado. En enero de 2025, el valor medio del megavatio hora (MWh) de ahorro estaba entre los 115 y los 140 euros, según los últimos datos del propio ministerio. Por tanto, si la actuación genera, por ejemplo, un ahorro de 8 MWh/año, la compensación económica puede rondar los 1.000 euros. Este cálculo no es una estimación aleatoria: está definido en la ficha técnica del catálogo oficial de medidas estandarizadas.

Cómo solicitar un CAE paso a paso

Para generar y vender un CAE, el primer paso es contactar con un “sujeto delegado”, es decir, una empresa acreditada para operar en el sistema. Este agente es quien tramita todo el proceso: verificación del ahorro, solicitud del certificado ante la comunidad autónoma y venta en el mercado. El ciudadano firma con él un convenio CAE, en el que se cede el ahorro generado a cambio de una contraprestación económica.

Este procedimiento incluye una verificación técnica, que es obligatoria. En el caso de los vehículos eléctricos, suele ser rápida y sencilla, ya que la ficha técnica ya define el ahorro estimado. Una vez verificada la actuación, se emite el certificado y se vende en el mercado de CAE. El ciudadano recibe el pago pactado, que varía según el ahorro generado y el precio vigente.

¿En qué se diferencia del MOVES?

A diferencia de los planes de ayuda tradicionales como el MOVES, que dependen de convocatorias públicas y se pagan con cargo a los presupuestos generales, el sistema CAE funciona como un mercado. Las empresas energéticas tienen la obligación legal de justificar mejoras en eficiencia. Para ello, compran CAE a quienes generan esos ahorros. Así, el ahorro del ciudadano se convierte en un producto que puede vender, y el ingreso procede directamente del sector energético, no del Estado.

El cambio de coche está incluido en el catálogo oficial de actuaciones estandarizadas, por lo que ya tiene una fórmula de cálculo validada. Esto hace que sea una de las formas más accesibles para que un particular pueda generar CAE. Además, se permite firmar el convenio CAE incluso después de haber realizado la compra, lo que da flexibilidad a quienes ya han adquirido el vehículo.

Aunque este sistema está aún en expansión, el Gobierno lo presenta como una alternativa estructural a los modelos basados en subvención directa, con ventajas para los particulares y para las administraciones. Para el usuario, significa menos dependencia de plazos y convocatorias; para el Estado, supone un menor coste presupuestario, ya que el pago lo asumen las empresas energéticas obligadas a justificar ahorros.