Casi el 50% de los mercados en Lima como Unicachi y Huamantanga son extorsionados
Las denuncias por extorsión siguen en aumento y sin freno en el país. Uno de los sectores más golpeados es el de los mercados, ya que casi el 50% de los principales centros de abasto de Lima Metropolitana han sido víctimas de este delito o de atentados contra comerciantes y sus negocios entre 2024 y 2025, según el estudio “Emprende Seguro”, elaborado por la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Lima.
De acuerdo con el informe, los distritos más afectados por la extorsión son Comas, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Puente Piedra, así como también Villa El Triunfo y La Victoria.
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Los mercados más populares son víctimas de extorsión
Sobre el tema, el presidente de la Asociación de Vecinos de Lima, Juan Alberto Moreno, explicó que el estudio se enfocó en mercados denominados "grandes", es decir, aquellos que cuentan con más de 300 comerciantes y son altamente concurridos.
“Entre los mercados más grandes de Lima que han sido víctimas de extorsión o atentados se encuentran Fevacel, ubicado entre Independencia y San Martín de Porres, que tiene más de 3.000 comerciantes y fue blanco de un atentado con granadas y de un ataque directo contra una comerciante. Asimismo, el Mercado de Frutas de La Victoria, con más de 4.000 asociados, ha reportado casos de extorsión al menos en tres ocasiones durante los últimos meses”, informó Moreno.
Se estima que en total serían alrededor de 36 mil los comerciantes afectados directa o indirectamente con estos actos delincuenciales.
Moreno criticó que muchos alcaldes distritales suelen deslindar responsabilidades cuando se trata de la inseguridad en los centros de abasto, lo cierto es que son ellos quienes presiden los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) y, por tanto, tienen un rol central en la definición e implementación de estrategias para enfrentar el crimen en sus jurisdicciones.
Asimismo, mencionó que si bien la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior deben liderar el trabajo policial y las investigaciones criminales a nivel nacional, los alcaldes no pueden ignorar ni minimizar su responsabilidad en la seguridad ciudadana, ya que esta empieza en el ámbito local.
“El alcalde Lima, Rafael López Aliaga es quien lidera el CORESEC o Comité Regional de Seguridad Ciudadana, pero poco o nada es lo que ha hecho para frenar esta ola de extorsiones en la capital. De igual manera, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, tampoco ha realizado ninguna acción sustancial contra los casos de extorsión. Igual ocurre con el alcalde Comas, Ulises Villegas, que ha destinado sus esfuerzos en reprimir a los comerciantes ambulantes en lugar de brindarles un lugar seguro de trabajo a los comerciantes formales”, subrayó Moreno.