Coopeservidores llega a su recta final dejando secuelas en miles de ahorrantes
Don Carlos y su hijo Mario confiaron todos sus ahorros a Coopeservidores sin imaginar que esa decisión los haría enfrentar una pesadilla. Dependían de los rendimientos para sus gastos familiares, pero el giro del dinero se interrumpió repentinamente con la intervención de la cooperativa.
Durante meses, Mario tuvo que ingeniárselas para generar ingresos para él y su papá, ya fuera mediante la venta de bienes del hogar o la ejecución de trabajos ocasionales, mientras enfrentaban la incertidumbre de perder cerca de ¢110 millones.
“El proceso fue superdifícil desde el inicio. Vivíamos exclusivamente de los intereses que generaban las inversiones en Coopeservidores. Teníamos 20 años de tener dinero ahí (...). De un día para otro dejamos de recibir el dinero. Fue un caos completo, una afectación anímica terrible e incertidumbre total”, afirmó Mario.
Aunque lograron estabilizar su situación tras recuperar la mitad de sus inversiones, lamentan la pérdida de una porción importante de sus ahorros. Aseguran que les ha costado colocar sus recursos en otras entidades financieras por miedo a revivir una experiencia similar.
“Perdimos más de ¢50 millones (...). Nos tuvieron meses sin dinero. Las cosas son un poco diferentes (tras recuperar la mitad), pero no son fáciles. No éramos millonarios ni nos sobraba la plata. No se solventó la crisis, pero estamos estables. (En los primeros meses) no teníamos ni para comer", señaló uno de los afectados.
Como ellos, 5.111 ahorrantes —entre los que hay personas físicas y asociaciones solidaristas— resultaron los principales perjudicados por la debacle de la entidad, ya que solo recuperaron la mitad de sus inversiones o ahorros.
La cifra total de afectados por Coopeservidores es mucho mayor si se considera que entre los inversionistas hay unas 200 solidaristas, con alrededor de 140.000 personas afiliadas.
El calvario para estos miles de inversionistas entra en su fase final. El 21 de junio se solicitará la quiebra en un proceso concursal con los activos residuales de la entidad, luego de un año de resolución y un periodo adicional de intervención.
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Martirio financiero
Luis Marín, líder de un grupo de inversionistas de la cooperativa, calificó esta situación como “trágica” y agregó que algunas personas han sufrido problemas de salud a raíz de la pérdida de parte de su dinero.
“Es terrible, es un drama humano tremendo (...). Son demasiadas personas las que han perdido dinero con esto”, afirmó Marín. Añadió que esperan una recuperación adicional antes del inicio del proceso concursal, aunque no tienen certeza de que eso suceda.
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La Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol) aseguró que la debacle de la cooperativa generó desconfianza en el sistema financiero nacional y consideran que no brinda mecanismos confiables de inversión para las asociaciones solidaristas.
Conasol señaló que, como parte de las lecciones aprendidas, es importante fortalecer los procesos internos de gestión de riesgo e implementación de gobierno corporativo en las solidaristas.
“Es importante mitigar las concentraciones de inversiones y evaluar los apetitos de riesgos para evitar impactos que puedan llevar incluso a menoscabar el capital de las asociaciones”, manifestó la organización.
Al 31 de marzo pasado, las obligaciones con el público de la cooperativa –es decir, lo que adeuda a sus clientes– ascendían a ¢237.418 millones. De momento, no se ha informado de una repartición adicional de fondos.
Últimos pasos
En un acuerdo publicado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en el diario oficial La Gaceta, se afirmó que aún hay temas pendientes dentro del proceso de resolución, como la definición de un posible fideicomiso, así como la venta de propiedades, cartera y vehículos, y la aprobación de una distribución adicional para los acreedores no garantizados.
Sin embargo, el equipo de resolución destacó que, una vez cumplido el plazo máximo que permite la legislación vigente, quedará una entidad residual que no puede continuar operando. Por ello, solicitaron el proceso concursal para liquidarla.
Antonio Barzuna, inversionista de Coopeservidores, destacó que la ley que permitió la resolución fue positiva, ya que se pudo recuperar parte de los recursos en una fase administrativa y en un tiempo relativamente corto.
Al 31 de marzo, Coopeservidores registraba una insuficiencia patrimonial por ¢92.224 millones. Esto “revela su incapacidad de pagar sus obligaciones, por cuanto existe un faltante de activos con respecto a sus pasivos (...) que es imposible solucionar con su operación ordinaria“.
Acuerdo del Conassif, 19 de mayo del 2025.
No obstante, Barzuna opinó que la experiencia evidencia la necesidad de reformar la ley, por ejemplo, para otorgar mayor protagonismo a los ahorrantes durante el proceso de toma de decisiones.
Sin embargo, la Sala Constitucional considera legítima la legislación que permitió la intervención y resolución de Coopeservidores y Financiera Desyfin, y ya declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad contra las leyes que regulan estos procesos.
Al 31 de marzo (último dato disponible), Coopeservidores registraba una insuficiencia patrimonial por ¢92.224 millones. Esto “revela su incapacidad de pagar sus obligaciones, por cuanto existe un faltante de activos con respecto a sus pasivos (...) que es imposible solucionar con su operación ordinaria”, detalló el Conassif.
El acuerdo reconoce que la situación implica una quiebra técnica, porque los activos no cubren los pasivos, lo que impide que siga operando una vez vencido el plazo máximo de resolución.
La Nación envió consultas por correo a Marco Hernández, resolutor de Coopeservidores, el miércoles 4 de junio a las 9:20 a. m. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo una respuesta.
¿Qué queda?
Al 31 de marzo pasado, Coopeservidores registraba una cartera de crédito por ¢281.524 millones. Sin embargo, tenía estimaciones crediticias por ¢213.896 millones; es decir, el 76% de su valor, lo que evidencia su deterioro.
Según el acuerdo del Consejo, la entidad residual concentra activos de mala calidad, especialmente cartera deteriorada, debido a clientes altamente endeudados, créditos de consumo con pocas garantías y una gestión deficiente, lo que provocó las pérdidas.
También posee ¢1.214 millones en disponibilidades (efectivo), ¢28.191 millones en inversiones y ¢5.731 millones en propiedades, mobiliario y equipo. Descontando las estimaciones, los activos totales suman ¢156.867 millones.
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Por su parte, los pasivos (deudas) de la entidad ascienden a ¢249.091 millones, de los cuales el 95% corresponde a lo adeudado a clientes: ¢237.418 millones en obligaciones con el público.
Otro pendiente es la posible conformación del fideicomiso que administraría la entidad residual. De concretarse, podría coexistir con el proceso concursal, sujeto a aprobación judicial. También se está a la espera de una posible repartición adicional de recursos a ahorrantes no garantizados.
Largo proceso
La cooperativa, que en ese momento era la cuarta más importante del sistema financiero nacional, fue intervenida el 13 de mayo del año pasado porque su administración ponía “en peligro su seguridad y solvencia”.
Durante la intervención se determinó su inviabilidad por insolvencia financiera. El 21 de junio del 2024, el Conassif ordenó un proceso de resolución de un año, que culminará el mismo día de este 2025.
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En este lapso, el Banco Popular absorbió el “banco bueno” de la cooperativa, con el 64% de los activos (principalmente créditos), para pagar el 100% de los pasivos garantizados (¢6 millones o menos) y el 50,68% de los no garantizados.
Como resultado, quedó una entidad residual con poco más del 30% de los activos y los pasivos no cubiertos en la transacción con el Banco Popular. En los meses siguientes, se negociaron más activos: cartera, vehículos y terrenos.
Ahora, el Conassif acogió la recomendación de la Administración de la Resolución de Coopeservidores de solicitar al Juzgado Concursal la declaratoria de quiebra como paso final hacia la liquidación definitiva.