El boom de las motos en Caracas: ¿solución o síntoma de una crisis de movilidad urbana?

Las ciudades no dejan de crecer. Según el Banco Mundial (2023), más de 50% de la población global vive en zonas urbanas, y se estima que para 2045 este porcentaje aumentará en 1,5 veces. Este proceso de urbanización genera oportunidades, pero también enormes desafíos, como la presión sobre los servicios básicos y la urgente necesidad de contar con un transporte eficiente, seguro y accesible.

En muchas ciudades de América Latina, la expansión del parque automotor ha sido impulsada por el crecimiento del ingreso per cápita, el acceso al crédito y políticas fiscales flexibles. Sin embargo, en contextos de crisis, como el venezolano, el auge de ciertos modos de transporte responde a razones muy distintas: la falta de opciones seguras y funcionales en el sistema público.

Entre estas opciones destaca la motocicleta, cuyo uso se ha disparado en los últimos años. Para muchos caraqueños, la moto no solo es una alternativa práctica, sino su única opción real de movilidad.

Motos: más que una moda

En Caracas, el crecimiento del uso de motocicletas es evidente para cualquier usuario habitual de la vialidad urbana. Esta percepción ya había sido advertida entre 2007 y 2014 por la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad, y documentada en 2015 por la Corporación Andina de Fomento. En un estudio de 2015 sobre el uso de la motocicleta en América Latina, esa misma entidad señalaba que entre 2007 y 2013 se había producido un aumento de 448% en la venta de motos en Venezuela. Para enero de 2013, se reportaban oficialmente 245.000 motociclistas censados en el país.

El fenómeno no se detuvo

Según la Asociación de Industriales, Fabricantes y Ensambladoras de Motociclos (AIFEM), en 2022 se ensamblaron unas 150.000 unidades, cifra que se duplicó en 2023, superando las 280 000.

Para 2024, se proyecta una cifra récord: más de 950.000 motos ensambladas en un solo año, lo que representa un incremento de 234% respecto al anterior.

Según el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), para el primer trimestre de este 2025 el parque automotor de motocicletas se contabilizaba en más de un millón de unidades.

Detrás de este auge hay varias razones: la motocicleta permite sortear el colapso del transporte público, es asequible y, cada vez más, representa una herramienta de trabajo indispensable en sectores como el delivery o entrega a domicilio, el mototaxismo o los servicios técnicos.

Se estima que al menos la mitad de las motos nuevas se usan con fines laborales, consolidando un modelo de movilidad funcional que ha crecido al margen de la planificación urbana.

Agilidad con alto costo

Este crecimiento, sin embargo, conlleva riesgos evidentes. La motocicleta es ágil, sí, pero también peligrosa en contextos sin infraestructura adecuada, regulación ni educación vial.

El Observatorio Venezolano de Seguridad Vial señalaba en marzo de 2025 que de los 144 fallecidos en siniestros viales registrados recientemente, 64% eran conductores o pasajeros de motocicletas. La Organización Mundial de la Salud ha alertado en repetidas ocasiones que los motociclistas son un grupo especialmente vulnerable, con alta probabilidad de sufrir lesiones graves o mortales en caso de hechos viales.

Las causas van desde el mal estado de las vías y la escasa fiscalización hasta la formación insuficiente de los conductores y el rezago de políticas públicas enfocadas en este tipo de vehículos. A esto se suma la falta de datos oficiales actualizados, lo que dificulta la planificación y la respuesta institucional.

Crisis social sobre dos ruedas

Más allá de un tema de movilidad, el fenómeno revela una profunda crisis social. Las motocicletas se han convertido en símbolo de la informalidad laboral, de la búsqueda de subsistencia diaria y de las desigualdades urbanas. Su uso masivo pone en evidencia cómo la población ha debido adaptarse ante la ausencia de transporte público digno y cómo el acceso a la movilidad ha dejado de ser un derecho garantizado.

La solución improvisada que representa la moto también tiene impactos diferenciados: las mujeres y las personas con discapacidad enfrentan barreras específicas en el uso seguro de este medio, lo que abre un necesario debate sobre accesibilidad con enfoque de género e inclusión.

Mientras tanto, muchas marcas de motocicletas han comenzado a ofrecer modelos dirigidos a mujeres, con diseños livianos y estilizados, así como versiones adaptadas para personas con movilidad reducida. Aunque esto parece positivo, sigue siendo una respuesta de mercado, que amerita una política pública de inclusión.

¿Y ahora qué?

Las motos llegaron para quedarse. La velocidad y la inmediatez de los nuevos tiempos han llevado a verlas como la forma más rápida, económica e inmune a la congestión para resolver la distribución de bienes y el acceso a servicios. Por eso, el debate no debe centrarse en su eliminación, sino en cómo integrarlas de manera segura y sostenible en la movilidad urbana.

Es urgente actualizar la legislación, mejorar la infraestructura con espacios seguros para motos, fortalecer la educación y fiscalización vial, y crear incentivos para el uso responsable. También se requiere una política pública que reconozca a la motocicleta como un modo de transporte y de trabajo, y la integre en los planes de movilidad de manera coherente.

Mientras Caracas siga avanzando hacia una transformación urbana sin planificación inclusiva, la moto continuará siendo un síntoma más de la crisis, pero también una muestra de resiliencia ciudadana ante un sistema que no termina de responder a sus necesidades.

Celia Herrera, directora Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería, Universidad Católica Andrés Bello

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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