Budapest prohíbe la bandera arcoíris en edificios públicos y aumenta la tensión con Bruselas
El choque entre Bruselas y el gobierno de Viktor Orban por los derechos LGTBI va in crescendo. Un día después de que la justicia europea censurase la ley húngara sobre el acceso de los menores a contenido LGTBI, el Ejecutivo magiar ha anunciado que prohibirá que la bandera de este colectivo ondee en los edificios públicos.
Según el Gobierno, este veto tiene el objetivo de “garantizar la protección y el cuidado necesario para el desarrollo físico, mental y moral adecuado de los niños” y frenar “la propaganda” dirigida a los menores. Este decreto prohíbe el uso de símbolos que “hagan referencia o promuevan diferentes orientaciones sexuales de género, así como los movimientos políticos que las representan”.
Una medida, que por otra parte, tiene un poder más simbólico que real ya que en Hungría la bandera arcoíris no suele ondear en los edificios públicos. La ciudad de Budapest es una de las pocas excepciones y su alcalde, Gergely Karacsony, ya ha anunciado que desafiará este nueva normativa y que la bandera del colectivo seguirá estando presente en el Ayuntamiento de la capital.
Este pasado jueves, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE se pronunció en contra de una ley promulgada en el año 2021 que restringe o prohíbe el acceso de los menores a contenidos que promueven presenten o promuevan “identidades de género que no corresponden al sexo asignado al nacer, el cambio de sexo o la homosexualidad”.
Aunque el dictamen de la abogada general no es vinculante, en una gran mayoría de casos suele anticipar el fallo definitivo del alto tribunal. Según la abogada, Tamara Capeta, esta nueva ley resulta contraria a la legislación comunitaria sobre servicios digitales y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En cuanto a esto último, el dictamen asegura que la normativa húngara vulnera “la prohibición de la discriminación por razón de sexo y de orientación sexual, el respeto de la vida privada y familiar, la libertad de expresión y de información y el derecho a la dignidad humana”. Además, según asegura Capeta, “Hungría no ha aportado pruebas del riesgo potencial de daños en el desarrollo saludable de los menores causado por el contenido que describe las vidas ordinarias de las personas LGBTI. Por consiguiente, estas modificaciones se basan en un juicio de valor según el cual la vida homosexual y la vida no cisgénero no tienen el mismo valor ni estatus que la vida heterosexual y cisgénero”.
El Gobierno de Orban ha reaccionado con furia ante este dictamen. “Parece que la difusión de la propaganda sexual es más importante para los bruselenses que proteger los derechos de los niños. ¡Es una locura!", ha clamado Orbán ayer en su cuenta de la red social X.
Puede que ésta no sea la única sentencia en contra de Hungría. Bruselas está estudiando actuar contra el país después que el Gobierno haya introducido cambios en la legislación para blindar la prohibición de las marchas del Orgullo LGTBI.
Esta reforma asegura que “el derecho del menor al adecuado desarrollo físico, mental y espiritual prevalecerá sobre todos los demás derechos fundamentales, con la excepción del derecho a la vida”, lo que supone que el derecho de reunión se subordina a esta “protección de la infancia”. Esta normativa incluso permite a las autoridades utilizar herramientas de reconocimiento facial para identificar a los asistentes que desafíen esta prohibición. Las multas pueden llegar hasta los 480 euros.
Pero las convocatorias para este tipo de celebraciones continúan en pie. Al menos, 70 miembros del Parlamento Europeo piensan asistir al desfile del Orgullo en Budapest previsto para el 28 de junio. La semana pasada, los ministros de Asuntos Exteriores de 20 Estados miembros de la UE- entre ellos España- firmaron una carta conjunta instando a Hungría a revisar esta ley. En esta misiva no solo se arremete contra esta normativa sino que también se pide a la Comisión Europea que “utilice con celeridad todas las herramientas del Estado de derecho a su disposición” si Hungría continua adelante con esta prohibición.
Bruselas todavía no ha dado un paso al frente. El comisario de Democracia y Estado de derecho, Michael McGrath, ha afirmado que “la libertad de reunión es un derecho fundamental, no es una amenaza para los niños, no es una amenaza para nadie y debe ser protegida y defendida en todo momento”.