La fiscal de Madrid defiende que no hay pruebas de la filtración del correo y que la pareja de Ayuso lo difundió antes

Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid acusada en el caso del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que archive la causa contra ella. En un escrito presentado por su letrado, la responsable del Ministerio Público madrileño alega que se limitó a “atender” órdenes del fiscal general, a trasladar información a través de una dación de cuentas sin hacer nada “insólito o sospechoso” y, finalmente, alega que no hay pruebas de que ni ella ni Álvaro García Ortiz filtraran esa documentación a la prensa hace un año. El secreto del caso contra Alberto González Amador, añade, se rompió cuando el empresario envió la confesión a Miguel Ángel Rodríguez.

“Pilar Rodríguez no formaba parte de ningún concierto criminal”, dice el escrito, “para filtrar determinada información” y no hay pruebas de que “conociera o aceptara la difusión de un determinado correo electrónico”. La fiscal provincial de Madrid, defiende en este escrito, “se limitó, como haría cualquier miembro del Ministerio Fiscal, a cumplir las órdenes de la superioridad sin tener conocimiento de la utilización que de la información se fuera a hacer”.

Rodríguez lleva más de un año imputada en esta causa, desde que fue incoada por primera vez en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Desde el primer momento ha defendido la misma versión: que se limitó a remitir la información del caso por el cauce oficial de la dación de cuentas cuando se lo pidieron desde la Fiscalía General en los primeros días de marzo de 2024 y que, en la noche del día 13 de ese mes, hizo lo mismo con el correo de la confesión sin enviarlo a ningún medio de comunicación.

Este escrito solicitando el archivo del caso llega después de que haya dejado la defensa de la Abogacía del Estado para contratar como letrado al exfiscal Daniel Campos, y también en el tramo final de la causa, a la espera de saber si el juez Ángel Hurtado envía a ella y al fiscal general al juicio. Así lo han pedido ya, por ejemplo, el propio González Amador y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Rodríguez defiende en este escrito que se limitó a “atender una orden” de la Fiscalía General cuando, en los primeros días de marzo de 2024, descubrieron que el Ministerio Público había denunciado por fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Su trabajo fue ordenar el escaneado del expediente y la denuncia para remitirlo a la Fiscalía General, sin remitirlo en ningún momento a la prensa. “Una obligación estatutaria que los fiscales de toda España cumplen diariamente”, explica en este nuevo escrito.

Lo mismo considera sobre el correo con la confesión del empresario. Describe, tal y como reflejan los mensajes intervenidos en su teléfono, que en la tarde del 13 de marzo la Fiscalía exigió al fiscal Julián Salto que remitiera los correos que había cruzado con el abogado de González Amador, porque varios medios y Miguel Ángel Rodríguez estaban difundiendo una versión falsa de los hechos. Pero, recuerda nuevamente, sin hacérselos llegar a la prensa ni con otro objetivo que no fuera hacerlos llegar a la Fiscalía General.

Su defensa también esgrime dos argumentos para negar que ni ella ni el fiscal general hayan cometido un delito de revelación de secretos. El primero es explicar que varios periodistas han relatado que la información sobre esas negociaciones ya circulaban por varias redacciones días antes de que el dato estuviera en poder de García Ortiz. El segundo es que el propio abogado Carlos Neira y su cliente rompieron el secreto cuando, entre el 12 y el 13 de marzo, difundieron un correo del fiscal Julián Salto a través del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

“Para que algo sea considerado secreto, debe ser confidencial, no accesible a los demás. Por tanto no puede considerarse secreto lo que ya ha sido divulgado”, explica este escrito. La investigación, añade el abogado de Pilar Rodríguez, ha demostrado que esa información de las conversaciones y el posible pacto ya habían sido reveladas para cuando llegaron a la Fiscalía General, “lo que le excluye radicalmente de cualquier participación en el delito de revelación de secretos”.