La fiscal investigada junto a García Ortiz pide el archivo porque se limitó a cumplir sus órdenes "sin dilación y sin hacer preguntas"

La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha solicitado al juez del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado que archive la investigación contra ella por revelación de secretos. Su abogado, el exfiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, considera que el sobreseimiento resulta obligado "ante la ausencia de indicios sólidos de responsabilidad penal" contra ella porque la información que le solicitó el fiscal general -los correos intercambiados entre el fiscal Julián Salto, a cargo de la investigación por fraude fiscal contra Alberto González Amador, y el abogado del empresario- ya era conocida por varios periodistas antes de que se difundiera la noche del 13 de marzo del pasado año el correo del 2 de febrero en el que admitía los dos delitos fiscales imputados. Se limitó, afirma la defensa de la fiscal jefe de Madrid, a cumplir "la orden sin dilación y sin hacer preguntas".

Según expone el letrado, la "minuciosa instrucción" de Hurtado ha servido para determinar que la querella contra la fiscal jefe de Madrid y del fiscal Julián Salto -a cargo de la investigación por fraude tributario a González Amador y origen del procedimiento- ""se basaba en unas premisas erróneas".

La defensa de la investigada apela directamente a lo sucedido en el caso de Salto -a quien el TSJ de Madrid apartó finalmente del procedimiento al remitirlo al Tribunal Supremo- porque su intervención, "consistente en facilitar la información que le requerían sus superiores, no merecía reproche penal alguno".

Se desvincula de la nota de la Fiscalía

Con ese precedente, considera que esa conclusión debe extenderse también a Pilar Rodríguez, "cuya actuación de igual modo no fue otra que la de atender las órdenes e instrucciones que recibió del fiscal general del Estado, todo ello dentro de sus competencias y obligaciones, con absoluto apego a la legalidad aplicable".

Su actuación reclamando al fiscal del caso, a instancias de González Amador, los correos intercambiados con su defensa -expone- se enmarca en "una conducta profesional desarrollada con arreglo a la normativa y pautas que rigen la actividad de todos los miembros del Ministerio Fiscal".

Y en cuanto a la nota difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo del pasado año -detallando las negociaciones con la defensa del novio de Ayuso para llegar a un acuerdo de conformidad- asegura que "en ningún momento nadie se puso en contacto" con ella "para pedirle su opinión sobre el texto definitivo" ni para informarle "de que se iba a publicar".

Todo lo que hizo, recalca su defensa, fue "atender una orden del fiscal general del Estado, remitiendo la misma información (correos) que a ella le hacen llegar sus subordinados, sin adición, modificación o censura ninguna".

Y respecto a la citada nota, "se limitó a dar su conformidad sobre un texto ya redactado, que no se identificaba como nota de prensa, y que difería de lo posteriormente publicada".

No "filtró" datos reservados de González Amador

"Es un hecho plenamente acreditado", subraya, que Pilar Rodríguez "no filtró, no difundió ni comunicó información alguna a la prensa o persona o institución ajena al Ministerio Fiscal". Así lo declararon, apunta, "con total claridad los peritos de la UCO en su declaración judicial del pasado 16 de mayo"".

Por tanto, concluye, "la puesta en conocimiento del fiscal general del Estado de una denuncia o del contenido íntegro de unas diligencias de investigación preprocesales tramitadas en una fiscalía, o de los hitos procesales acaecidos durante el curso de un procedimiento penal", no constituyen "una anomalía o una extravagancia", sino que se trata de "una obligación estatutaria que los fiscales de toda España cumplen diariamente y que, por consiguiente, se inserta en el normal funcionamiento del Ministerio Fiscal".

Pilar Rodríguez, defiende, "no hizo nada insólito o sospechoso en la actividad cotidiana del Ministerio Público, sino que cumplía de forma absolutamente ajustada la normativa citada conforme a un procedimiento habitual y regulado".

"Con la urgencia que le imponía el fiscal general", señala, el 13 de marzo del pasado año se dirigió a Julián Salto "para que le hiciera llegar el correo, indicando que los precisaba el fiscal general".

Ninguno de los dos, recalca, "cuestionaron en ningún momento el motivo o la finalidad de dicho requerimiento, sino que cumplieron la orden sin dilación y sin hacer preguntas, como es lo habitual en las relaciones jerárquicas de la carrera fiscal".