Adultos mayores: la dignidad comienza en casa y no solo en el sistema
En México, envejecer no solo implica enfrentar el abandono institucional. Cada vez con mayor frecuencia, las personas adultas mayores se ven atrapadas entre la negligencia del sistema y la omisión —cuando no el abuso— de quienes deberían ser sus principales cuidadores: sus propias familias.
Aunque las fallas del Estado son evidentes —infraestructura deficiente, atención saturada y personal sin preparación especializada—, hay un problema igual de grave que se manifiesta en el entorno más cercano: el uso indebido de la figura del adulto mayor para obtener beneficios económicos o cobrar apoyos sin su consentimiento o en condiciones de riesgo.
Diversos casos han puesto de manifiesto como familiares trasladan a personas mayores en situaciones médicamente delicadas, sin justificación ni acompañamiento adecuado, únicamente para cumplir un trámite bancario o cobrar una pensión. En algunos episodios, incluso se han detectado documentos que no cumplen con los requisitos legales, gestionados con tal de sacar provecho de recursos que no les pertenecen.
Esto no es solo una falla operativa. Es una forma de violencia económica que permanece invisibilizada bajo la narrativa del “cuidado familiar”. A los problemas de accesibilidad, atención médica y rezago social, se suma ahora la urgencia de replantear el rol de los cuidadores, quienes deben ser, antes que beneficiarios indirectos, garantes de dignidad y respeto.
Preservar la integridad y los derechos de las personas mayores implica acciones desde todos los frentes. Las instituciones deben fortalecer sus protocolos para validar trámites hechos por terceros, capacitar al personal en atención empática y establecer sistemas que detecten signos de abuso. Pero, del mismo modo, las familias deben asumir su responsabilidad como primera línea de protección.
México se acerca a una transición demográfica sin precedentes: en menos de 15 años habrá más de 25 millones de personas mayores de 60 años. Las políticas públicas no pueden seguir rezagadas, ni las reformas siguen siendo promesas en papel. Se necesita un modelo que integre atención médica digna, infraestructura accesible, supervisión efectiva de servicios, y, sobre todo, medidas legales que castiguen el mal uso de documentos y recursos dirigidos a quienes más los necesitan.
La conversación social ya no puede reducirse a culpas entre instituciones o empresas privadas. El trato digno a las personas mayores no es solo un asunto del Estado o de los bancos. Es una corresponsabilidad colectiva que empieza en el hogar y se extiende a toda la sociedad.
Porque envejecer no debería ser sinónimo de vulnerabilidad. La vejez debe vivirse con plenitud, respeto y justicia. Y eso no se garantiza únicamente con leyes: se construye todos los días, desde casa.
Ximena Céspedes
Directora en MW Group