El necesario límite a la progresividad fiscal
Ahora que ha comenzado la campaña de la Renta, con el Gobierno del presidente Sánchez que lleva a cabo una política tributaria de incremento constante de impuestos, conviene recordar el sistema cuasi confiscatorio e injusto que padecemos en España, donde el intervencionismo no deja de gastar, de manera que para cubrir ese quebranto tampoco deja de subir los impuestos.
Gasto, déficit y deuda y, sobre todo, una apuesta decidida por una economía subsidiada solo puede conducirnos a acentuar la destrucción del tejido productivo y, con ello, de millones de puestos de trabajo, dejando a trabajadores y empresarios sin cobertura alguna, y a destruir la prosperidad labrada por los ciudadanos, convirtiendo a nuestra sociedad en un ente pobre y subvencionado, incapaz de prosperar.
Ese gasto, que hay que pagarlo, porque no es gratis –nada es gratis–, lo financia el sufrido contribuyente. De esa manera, opera la redistribución de la renta, pero ¿cuántas veces?
Si una persona obtiene menos ingresos, paga menos impuestos en proporción a su renta que otra con más ingresos, dentro del sistema progresivo de impuestos que tenemos. Así, la persona con menos ingresos contribuye menos a la solidaridad para con los demás. Además, la primera persona puede optar a subvenciones diversas por sus menores ingresos, en relación con lo anterior.
Del mismo modo, puede optar a una vivienda de protección oficial, sufragada en sus ayudas con los impuestos de los contribuyentes. Muchos de los ciudadanos que financian con sus impuestos esa subvención a la vivienda no pueden optar a ella y tienen que ir al mercado.
Sin embargo, pese a poseer más renta que los beneficiarios de una vivienda con ayudas públicas, no es un nivel suficiente de renta para poder comprar una vivienda en el mercado, o el precio que tienen que pagar por ella es tan elevado que les deja una renta disponible menor que quienes ingresan menos renta.
Del mismo modo, una persona que ha sido arriesgada invirtiendo en busca de una rentabilidad prometida que conlleva inherente un mayor riesgo, se ha visto en ocasiones compensada por el conjunto de los contribuyentes con ayudas dadas por el sector público, mientras que el ciudadano más prudente ha visto cómo su prudencia se traducía en un mayor pago de impuestos para compensar la imprudencia.
O la rebaja en el precio de la luz, con contribuyentes que por su nivel de renta no pueden optar a ella, pero que sufragan a quien sí puede. Igualmente, quien fue prudente optando por un tipo fijo cuando los tipos estaban bajos, puede llegar a tener que compensar, mediante ayudas del sector público pagadas con sus impuestos, a quienes prefirieron pagar menos por tipo variable entonces, arriesgándose a que subiesen.
Eso lleva a una progresividad sin límites. Una cosa es que la Constitución establezca la progresividad fiscal y que haya que respetarla, aunque fuese deseable que el IRPF y otros impuestos progresivos fuesen proporcionales, pero no puede transformarse en abusiva, porque eso genera una elevada injusticia.
Así, una persona con unos rendimientos del trabajo de 20.000 euros brutos anuales paga una cuota de IRPF de 2.213.56 euros. Una persona que gana 200.000 euros, es decir, diez veces más, paga una cuota de 74.415,73 euros, calculado a igualdad de circunstancias personales y familiares y mismas deducciones y tramo autonómico (empleado el de la Comunidad de Madrid, que es el más bajo).
Es decir, una renta de 200.000 euros gana diez veces más que una renta de 20.000 euros, pero paga 33,62 veces más, en clara desproporción.
Insisto: una cosa es respetar la progresividad y si gana diez veces más, que pague quince veces más, por ejemplo, y ya es mucha diferencia; pero 33,62 veces más es confiscatorio y desincentivador. Tras tanta subvención, siempre terminan pagando los mismos más y más impuestos, en esa redistribución infinita de la renta, de manera que muchos de los beneficiarios de tanta subvención pueden terminar contando con una mayor renta disponible frente a quienes por tener una renta de partida mayor sufragan las subvenciones, quedando, después del reparto, más pobres que los primeros en muchos casos.
Es una redistribución infinita de la renta desincentivadora para el trabajo y para el esfuerzo, que lastra la economía, además de injusta.
No quiero terminar sin agradecer a LA RAZÓN la colaboración semanal que inicio hoy, que me permitirá compartir con sus lectores, a quienes saludo, un artículo cada sábado, si Dios quiere.