UGT acepta una condena por estafar cursos de formación de trabajadores en Canarias
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha asumido su responsabilidad civil en el llamado 'caso Fundescan', uno de los mayores escándalos sobre el uso de fondos públicos para formación en Canarias. El sindicato ha evitado su condena como responsable civil subsidiario al llegar a acuerdos extrajudiciales con el Gobierno de Canarias y los trabajadores perjudicados, que han supuesto el pago total de 662.634 euros. Este arreglo se produce justo cuando ha estado en Canarias a lo largo de la última semana el líder de UGT, Pepe Álvarez, por un congreso ordinario en Fuerteventura que fue clausurado por el presidente canario, Fernando Clavijo.
Durante el juicio, en Las Palmas, el director de contabilidad de Fundescan cuando se impartieron los cursos de formación sobre los que se indaga si pudo haber un presunto fraude por parte de la UGT -a la que se adscribía la fundación- ha declarado que las cuentas de la entidad "desaparecieron" de su ordenador de trabajo en junio de 2009. Este testigo también ha explicado que lo que hacía Fundescan era presentar una "factura genérica" de los gastos realizados con cargo a los planes de formación, que era aportada a UGT para su justificación. El presidente del comité de empresa de Fundescan en Tenerife ha declarado que entre sus funciones estaba la de gestionar nóminas y que varias de ellas estaban dirigidas a personas cuyos nombres nadie conocía, algo que siempre les pareció "sorprendente".
Cinco exempleados de UGT entre 2006 y 2010 han afirmado durante el juicio del llamado 'caso Fundescan' que les computaron horas de trabajo que no llevaron a cabo en relación con los cursos de formación para personas ocupadas para los que el sindicato recibió subvenciones públicas. La que fuera directora del Servicio Canario de Empleo (SCE) entre 2019 y 2024, Dunia Rodríguez, redactora del informe que hizo la entidad pública a petición del juzgado para establecer cómo se habían concedido las subvenciones y qué cantidad de ellas era reclamada por el Ejecutivo autonómico, ha responsabilizado íntegramente a UGT de los contratos-programa y convenios suscritos con el SCE entre 2006 y 2010 para llevar a cabo estos cursos de formación, aunque luego los haya subcontratado a Fundescan, y, por lo tanto, de las responsabilidades para con la administración, pese a que la defensa del sindicato trató de hacer ver que este no tenía nada que ver con ello.
En su informe final, el fiscal Ricardo de Mosteyrin ha señalado directamente a Alicia Rodríguez, secretaria general de UGT Canarias entre 2005 y 2009 y presidenta de Fundescan durante ese periodo, como “la máxima responsable” del desvío de fondos. Pide para ella y otros procesados dos años y medio de prisión por cada uno de los tres delitos de fraude fiscal, aunque solicita que se tenga en cuenta la dilación indebida del procedimiento, que ha durado más de 15 años.
El tribunal, presidido por Emilio Moya, ha anunciado que dará a conocer su fallo esta semana. De las 13 personas juzgadas, la mayoría son antiguos cargos de UGT en Canarias, por lo que el veredicto no solo tendrá consecuencias jurídicas, sino también repercusiones políticas y sindicales. Este caso, que se remonta a mediados de los años 2000, ha marcado un antes y un después en la fiscalización del uso de fondos públicos para formación laboral en las islas, al poner en evidencia la fragilidad de los controles institucionales y la conexión entre sindicatos y entidades privadas como Fundescan.
Como UGT ha asumido su responsabilidad, el Gobierno de Canarias ha retirado la acusación. Moya adelantó que en la sentencia analizarán y responderán a la cuestión planteada por las defensas en relación a que el fiscal no puede seguir con la acusación al haberse retirado el Gobierno de Canarias. Y es que el Gobierno de Canarias reclamaba el reintegro de las subvenciones concedidas en 2006, 2008 y 2009 para cursos de formación a trabajadores ocupados, y también la de dos acusaciones particulares que representaban a 40 empleados de Fundescan. Sin embargo, la Fiscalía mantiene viva la causa, con una acusación por tres delitos contra la Hacienda Pública, aunque ha retirado el de estafa, lo que ha supuesto ya la absolución de tres de los procesados.
Página de Canarias 7 en 2011 sobre Fundescan, el vehículo de UGT Canarias para cursos de fomación
El pago de 430.000 euros al Gobierno autonómico y 232.634 euros a los trabajadores ha sido asumido íntegramente por UGT, pese a que el sindicato no reconoce haber cometido fraude, ni sus dirigentes responsabilidades penales directas. Para la Fiscalía, no obstante, el hecho de haber destinado fondos a fines distintos a los previstos constituye una conducta que “no puede quedar impune”, al suponer un “despilfarro del dinero de los contribuyentes”.
La defensa de Rodríguez y del resto de los acusados ha negado que existan pruebas de delito. Aseguran que las subvenciones se justificaron debidamente, que los cursos se realizaron y que más de 7.500 trabajadores fueron formados sólo en 2006. Además, argumentan que muchas de las decisiones fueron administrativas y que los miembros del patronato de Fundescan o de la ejecutiva sindical no pueden ser juzgados colectivamente. Pese a estas alegaciones, el sindicato UGT ha preferido asumir la responsabilidad económica como fórmula para cerrar el frente judicial y evitar posibles condenas que afecten a su imagen institucional. Con esta decisión, se desactiva en gran medida la parte más visible del caso, aunque la Fiscalía se mantiene firme en que los fondos públicos fueron utilizados de forma indebida y opaca.