Cataluña recibiría del Estado un 50% más con el «concierto fiscal» y elevaría casi un 30% el IRPF general
Cataluña no está infrafinanciada y lo va a estar aún menos. El concierto económico catalán pactado entre el PSC y ERC contempla un trasvase anual de hasta 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana, lo que significaría que, a la espera de concretar los detalles del preacuerdo, la Generalitat elevaría su financiación homogénea hasta un 50%. «A la espera de que se concreten los detalles del acuerdo, sus efectos financieros a medio plazo apuntarían hacia un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros, lo que elevaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25% y un 50%». Así lo ha constatado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su informe «Las implicaciones financieras de un concierto catalán: algunos datos y cálculos orientativos», elaborado por el economista jefe de la institución, Ángel de la Fuente, que ha partido del índice de financiación homogénea por habitante ajustado de Cataluña, que fue de 101 en 2022 –frente a una media de 100 para el conjunto de las comunidades de régimen común–. Las proyecciones dejan claro que este «cupo» colocaría a Cataluña «claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral».
Aunque Fedea reconoce que aún no se conoce la letra pequeña del acuerdo, es evidente que lleva implícita una «negociación bilateral sobre la aportación de esta autonomía al resto del país», al margen del resto de comunidades autónomas. Según apunta el estudio, los partidos independentistas catalanes reclaman una reducción de la aportación catalana al conjunto del Estado de 22.000 millones de euros –en torno al 10% del PIB–, una cifra que considera «muy cuestionable» y «muy sesgada al alza», en torno a un 65% por encima de la realidad la estimación del déficit fiscal hecha por la Generalitat. «Pese a tratarse de un cálculo muy cuestionable, la estimación de máximos del déficit fiscal se ha convertido en la referencia dominante para el debate público en Cataluña y, como tal, condicionará directamente la actuación de los partidos regionales en la negociación de los parámetros del nuevo sistema», vaticina De la Fuente, que al menos espera que el acuerdo se selle «con una reducción máxima de la aportación catalana a la caja común de entre un 30% y un 60% del objetivo máximo nacionalista», lo que supondría «un trasvase neto de recursos» hacia Cataluña de los citados entre 6.600 y 13.200 millones anuales.
Esto obligaría al Estado asumir en su totalidad todo lo que deje de aportar Cataluña, por lo que el Gobierno tendría dos opciones a las que recurrir: una subida general del IRPF, «para compensar la pérdida de recursos sin afectar a la financiación autonómica», o bien «reducir la transferencia de recursos al resto de comunidades».
Si la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuesta por el primer supuesto, De la Fuente avisa de que «tendría que incrementar en un 29,5% la recaudación del tramo estatal del impuesto» al resto de territorios del régimen común tras la salida de Cataluña. Es decir, que reconocer el déficit fiscal con Cataluña obligaría a subir casi un 30% los impuestos. En el que caso de que optara por trasladar la caída de ingresos a la financiación de las demás comunidades autónomas, el pastel a repartir «tendría que reducirse en un 10,7% en promedio».
De haberse mantenido este sesgo a favor de los propios intereses de la Generalitat, la eliminación del déficit de máximos supondría, de hecho, dejar a la región con un superávit de unos 8.700 millones de euros con el criterio de carga-beneficio. «Esto es, concederle una subvención nada desdeñable a una comunidad rica».
Fedea incluso se atreve a echar la vista hacia adelante y estima que, a largo plazo, «las cosas pintan aún peor, porque el cambio en las reglas reforzará a la Generalitat frente al Gobierno central. En cuanto el Gobierno regional tenga realmente el dinero en la mano, la aportación a la solidaridad se irá reduciendo en sucesivas rondas negociadoras y podría tender a cero, con especial rapidez cuando la Generalitat esté presidida por los independentistas».
Para De la Fuente, resulta obvio que los problemas se agravarían muy considerablemente si el nuevo sistema se extendiera a otras comunidades, como Madrid y Baleares, las otras dos regiones que son contribuyentes netas al Sistema de Financiación Autonómica. En esta tesitura, el Estado perdería 37.500 millones de euros adicionales en ingresos tributarios. Y si los correspondientes cupos se negociasen con criterios similares a los que quieren imponer los nacionalistas catalanes, «los ingresos netos del Estado se desplomarían». Con la generalización de los cupos al resto de regiones de régimen común en las mismas condiciones, el coste se elevaría entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales.
Recuerda De la Fuente que la recurrente reivindicación nacionalista es la de eliminar el déficit fiscal de la comunidad con el Estado, o más bien «la estimación de esta magnitud que la Generalitat calcula todos los años por el cuestionable procedimiento del flujo monetario».