José María Macías: "hooliganismo capacitado" para combatir al Gobierno progresista desde el Constitucional
La elección de José María Macías (Barcelona, 1964) como magistrado del Tribunal Constitucional termina de fijar las piezas con las que el Partido Popular jugará la partida del ajedrez judicial el resto de la legislatura. Consciente de que no habrá batalla electoral que librar a corto plazo, la formación que preside Alberto Núñez Feijóo se ha avenido a pactar, por fin, la renovación del Poder Judicial, aprovechando para para colocar a uno de sus prebostes en el tribunal que interpreta la norma fundamental y que resolverá sobre la ley de amnistía.
Con Manuel Marchena al frente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y Alejandro Abascal liderando el sector conservador del nuevo Consejo General del Poder Judicial, la derecha completa con Macías una terna que hasta sus mayores detractores reconocen que es la mejor para combatir la actividad legislativa y ejecutiva del Gobierno progresista que salió de las urnas el 23 de julio del año pasado.
José María Macías –por alguna razón ‘Mario’ para sus amigos–, representa el perfil más radicalmente conservador de los tres y no ha tenido problema en mostrarlo mientras ha liderado el sector conservador del último CGPJ a modo de ariete contra el Ejecutivo de coalición progresista, ya fuera promoviendo pronunciamientos de un Poder Judicial caduco, concediendo entrevistas o escribiendo artículos con la vehemencia que su entorno coincide en reconocerle.
Una de las mayores afrentas que parece haber vivido en los últimos años el vocal del caduco GGPJ no ha sido la negativa del PP a renovar el órgano constitucional sino la ley de amnistía, que motivó que él y otros vocales promovieran un pleno para rechazarla por “inconstitucional”. Sumar decidió querellarse contra ellos por prevaricación y Macías contestó desde las páginas de El Español. No se anduvo con rodeos. Le pareció “una payasada” y añadió: “Ya saben lo que le decía a su hijo la madre de Forrest Gump: tonto es el que hace tonterías. Pueden imaginarse lo que opino del que hace payasadas”.
El nuevo magistrado del Tribunal Constitucional –nombramiento que forma parte de eso que el PP llama “despolitización de la justicia”– hace tiempo que no ejerce de juez. Incluso tuvo una incursión en la política en un escenario muy distinto al del CGPJ: de los juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona saltó a director general de los Servicios Contenciosos de la Generalitat de Catalunya durante el último año de Jordi Pujol.
Hay quien cree que aquella experiencia en una administración dirigida por nacionalistas catalanes exacerbó su nacionalismo español. Él mismo presume de haber realizado el servicio militar dos veces por amor a España: uno de joven y otro a los 50 años, como orgulloso reservista que es y de lo que presumió durante algún tiempo en su foto jurando bandera ya en edad más adulta.
“Esta proposición de ley de amnistía –declaró Macías a Okdiario hace apenas cuatro meses– tiene una finalidad que podrá ser espuria porque no busca el interés general, sino el de Pedro Sánchez y Puigdemont”. El próximo juez del tribunal que deberá examinar la ley declaró: “En la Constitución no cabe esta Ley de Amnistía en la que los que se van a beneficiar de ella ponen las condiciones. Lo que está haciendo Sánchez no tiene más justificación que su interés personal por mantenerse en un puesto”.
Fuentes del Tribunal Constitucional consideran que declaraciones como la anterior hacen imposible que José María Macías participe en la deliberación y fallo sobre la Ley de Amnistía. En noviembre del pasado año, cuando su nombre no estaba en ninguna negociación para acceder al Tribunal Constitucional, Macías declaró a La Razón que no esperaba “absolutamente nada” del tribunal que ahora va a integrar, en referencia a la posible censura de ley de amnistía. “Y lamento decirlo”, apostilló.
Vocales que han compartido plenos del CGPJ con Macías esta última década tachan de “obsesión” la postura de su compañero con la cuestión catalana. Amigo íntimo del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del referéndum soberanista del 1 de octubre de 2017, una figura relevante de la magistratura conservadora no duda que Macías fue fiel consejero del magistrado del Tribunal Supremo durante la investigación.
El Tribunal Supremo corrigió una parte sustancial de la instrucción de Llarena, así como de los fiscales del caso, y concluyó que no hubo violencia en el procés. En consecuencia, el tribunal presidido por el “admirado Manolo Marchena”, como lo define Macías, absolvió del delito de rebelión a sus líderes. Macías, por contra y de acuerdo con los planteamientos de Llarena, sigue defendiendo a día de hoy que aquello fue “un golpe de Estado”.
“Los intereses privados aterrizan en el Constitucional”
La idoneidad de la elección del PP para defensa de su intereses no radica solo en las convicciones ideológicas de Macías. A uno y otro lado del espectro ideológico de la magistratura se considera a Macías un destacado jurista que, no por haber abandonado la toga hace décadas, ha perdido solvencia jurídica. Experto en derecho administrativo y europeo, Macías está al frente del poderoso despacho Cuatrecasas en el departamento de casación y recursos especiales, esto es, los que acaban en el Tribunal Supremo.
Es precisamente este aspecto que algunos destacan como indicado para su nuevo cargo en el Constitucional el que hace desconfiar profundamente a magistrados actuales del tribunal que se preguntan sobre cuántos casos que tendrá que resolver ahora no ha llevado antes él mismo como abogado de una parte ante el Tribunal Supremo. “Es el aterrizaje de los intereses privados en el Tribunal Constitucional”, opina uno de sus magistrados de la elección de Macías.
En lo que coinciden casi todas las fuentes consultadas es que su elección no solo se trata, por parte del PP, de una forma de agradecer sus servicios prestados en el CGPJ. También señalan la capacidad de trabajo incansable y la categoría de jurista de Macías para intentar hacer frente a la figura más reconocida de la progresía togada, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
Afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y marcadamente conservadora, durante su periodo como juez, ‘Mario’ Macías no dudaba en hacer afirmaciones como la siguiente sobre otra central de fiscales: “Se trata de una asociación llamada Unión Progresista de Fiscales, o UPF por su acrónimo, de aparente tendencia izquierdista y bajo cuyo cobijo desarrollaron su carrera la señora Delgado y el señor García Ortiz”.
El vocal que combatía “un asalto” de Sánchez al Poder Judicial
Quienes hablan de la cordialidad con la que Macías trata a sus oponentes coinciden en que es compatible con sus posiciones de “hooligan” en lo político o de “killer” en la negociación. El nuevo magistrado del Constitucional está convencido de que, desde que Gobierna Sánchez, se ha planeado y expuesto “un asalto al Poder Judicial”.
“No es un indicio pequeño que el PSOE firme un acuerdo con el partido liderado por un prófugo de la Justicia [Puigdemont] para perseguir a los jueces que le investigan en comisiones parlamentarias por supuesto lawfare. Como ya he dicho en otras ocasiones, aunque no se emprendiera esa persecución, la amenaza ya está lanzada”, escribió en El Español.
Cuando el Gobierno legisló para que el CGPJ salido de una mayoría absoluta de Rajoy dejara de elegir a jueces para puestos de máxima relevancia, Macías lideró la revuelta de los vocales. “Uno de los argumentos para esta barbaridad –aseguró– es que el actual CGPJ no puede hacer los nombramientos porque son del 'CGPJ siguiente'. Llama la atención por lo absurdo y la poca seriedad de quien lo enuncia y de quienes lo aceptan. Si eso fuese así, los nombramientos de los próximos cinco años ya no corresponderían al 'CGPJ siguiente', sino al ulterior y, sin embargo, va a ser 'el siguiente' el que los asuma. Todos”.
En otro de sus artículos en El Español, José María Macías reflexionaba sobre el ascenso del nazismo al poder y sobre la responsabilidad de aquello que lo toleraron. No dudó en hacer esa introducción para hablar del Gobierno de Sánchez y señalar a sus “compañeros” jueces del Gobierno: Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.
El próximo magistrado del Constitucional aseguraba sobre Robles y Marlaska: “Cuando llegue el momento de responder de sus actos, afirmarán que no tuvieron ninguna participación e incluso presumirán de heroísmo. Cuando no, lo que será aún más doloroso, de patriotismo. Desde mi punto de vista, serán los únicos responsables de lo que está por llegar, ellos y otros como ellos”.