La Corte define la coparticipación con Ciudad: la deuda multimillonaria que debería afrontar Milei
La Corte Suprema de Justicia rechazó los pedidos de excusación y recusación presentados por el Estado Nacional contra los cuatro ministros del máximo tribunal, en el marco de la causa en la que se discute el monto y el otorgamiento de los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.
La sentencia se comunicó este jueves y fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Hasta el momento, la deuda que acusa la Ciudad es de casi $ 220.000 millones, monto que, de darse una sentencia definitiva favorable a la Ciudad, deberá ser afrontado por el próximo gobierno de Javier Milei.
El Estado Nacional había presentado el 27 de diciembre de 2022 un planteo de la cautelar del 21 de diciembre de 2022 -en el cual la Corte Suprema falló en favor de CABA, decidiendo que el Gobierno nacional debería pagar el 2,95% de la masa de impuestos coparticipable- anticipó definiciones sobre cuestiones de fondo planteadas en el caso general.
Así, alegaban que deberían haber quedado reservadas para la sentencia definitiva y que ante esa situación se justificaba que los integrantes de la Corte que suscribieron a ese pronunciamiento se excusen de seguir decidiendo en la contienda judicial.
Asimismo, el 1° de febrero de 2023 el Estado manifestó que el 30 de diciembre de 2022 tomaron estado público diversos mensajes presuntamente intercambiados entre un funcionario del Gobierno de la Ciudad y un funcionario de la vocalía de Rosatti, invocó un "fundado temor de parcialidad" y pidió su recusación.
Sin embargo, los jueces firmantes le recordaron al Estado Nacional que "la facultad de excusación de los jueces, mediando causa legal de recusación o no, es ajena a la actividad procesal de las partes".
Sobre las recusaciones, remarcaron que aquellas que "resultan manifiestamente improcedentes deben desestimarse de plano, y tal carácter revisten las que carecen de todo sustento por no encuadrar en las causales previstas en el artículo 17 del Código Procesal".
Sobre la recusación dirigida contra Rosatti con fundamento en la difusión de supuestos mensajes, la Corte remarcó que "se funda en hechos que la propia recusante reconoce como inciertos y que, más allá de su veracidad o falsedad y del carácter lícito o ilícito de su procedencia, no se atribuyen al magistrado sino a un colaborador suyo, sin aportar indicio alguno tendiente a demostrar que las conductas denunciadas involucren al juez recusado"