Indígenas colombianos ante créditos de carbono: el lado oscuro de la geopolítica ambiental

Río de Janeiro. Mientras masca hojas de coca en un ritual tradicional, el líder indígena colombiano Fabio Valencia consulta a la naturaleza y sus ancestros sobre un polémico proyecto presentado a su comunidad como una iniciativa que salvará al planeta.

En un rincón recóndito de la Amazonía colombiana, muy lejos de la COP28 de Dubái, donde líderes mundiales sientan las bases de una reforma del sistema global de créditos de carbono, Valencia se queja del proyecto. Las ventas de estos bonos "verdes" a empresas contaminantes que aspiran a compensar el uso de combustibles fósiles "son peores" para las tradiciones indígenas que la minería y la explotación de petróleo, asegura.

"Minería es la afectación ambiental, la contaminación, pero esto (los bonos) contamina espiritualmente, físicamente, destruye todo", dice.

Representante legal de las seis etnias de la selva del Pirá Paraná, en el departamento de Vaupés (sureste), Valencia lidera una cruzada contra una sociedad que en 2022 inició un proyecto de créditos de carbono, según él a espaldas de esas comunidades.

El jefe del pueblo Makuna, de 43 años, lleva el rostro pintado de líneas rojas, símbolo de protección en ese territorio amazónico clave por sus millones de árboles que absorben gases de efecto invernadero.

La empresa colombiana Masbosques, que promueve iniciativas sostenibles, firmó un acuerdo con un exlíder sin poder legal y violó otros derechos amparados por la Constitución como la autonomía territorial de las poblaciones nativas, el gobierno propio y sus conocimientos ancestrales reconocidos como patrimonio de la humanidad, según Valencia.

Esta agencia caminó, navegó y sobrevoló parte los 7.100 km² que integran el proyecto Baka Rokarire, casi el tamaño de Puerto Rico. Un territorio sin presencia de grupos armados por su remota ubicación y solo accesible mediante carísimos vuelos privados o viajes en lancha de por lo menos seis días desde Mitú, la ciudad más cercana.

Según el contrato, sus 2.246 habitantes deben preservar la zona a cambio del dinero de empresas que adquirieron esos bonos para contrarrestar su daño ambiental y reducir impuestos a la emisión de dióxido de carbono. Una tarea urgente en una región marchita por el calentamiento global con una de las peores sequías que recuerdan los indígenas.

“Bonanza”

Cuando las ganancias de los bonos de carbono llegaron al Pirá Paraná, subió el consumo de alcohol y latas de cerveza contaminaron el río.

La "bonanza", cuentan, conmocionó a algunos indígenas que malgastaron los recursos. Además generó fracturas hasta ahora irremediables entre líderes y comunidades desacostumbradas a manejar grandes sumas de dinero.

Consultada por esta agencia, Masbosques respondió que el contrato es “válido, legal y sin vacíos jurídicos”, y señaló ser víctima de una “campaña de desprestigio”. Críticas señalan que su proyecto está en un lugar sin amenazas de deforestación.

La Corte Constitucional estudia ambas versiones, en el primer caso de este tipo que llega hasta ese tribunal.

Jacobo Marín, un indígena de 40 años, se alió con la compañía pero al poco tiempo cambió de opinión, pues sintió que estaba traicionando a su pueblo. "Eso nos trajo muchos conflictos entre parientes (...) por cuestiones de la plata", dice.

En otra demanda penal ante la fiscalía los indígenas acusan a Masbosques de falsificación de documentos.

"La empresa aquí entró invadiendo", dice Wilmer García, un gobernante indígena de collar adornado con el colmillo de un jaguar. "No reconoció que aquí hay unas autoridades ambientales y tradicionales", insiste.

“Carbon-cowboys”

La COP21 y el Acuerdo de París establecen los principios de una reforma del mercado de carbono para fomentar la participación de los Estados y no solo de los privados.

Los detalles del mecanismo se profundizaron en la COP26, pero tras dos años de negociaciones y consultas con diferentes actores un texto que establezca las reglas debería votarse en la COP28 y entrar en vigor en enero.

La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, explica que los créditos de carbono son negociados entre particulares sin control ni participación de las autoridades.

“Esa falta de regulación” ha dado pie a “un aprovechamiento por parte de algunas empresas sobre algunas comunidades”, dice, y menciona planes para la creación de una agencia reguladora. El gobierno izquierdista de Gustavo Petro ve en los bonos de carbono una fuente de financiación para dejar atrás la extracción de hidrocarburos.

Los intermediarios que firman contratos con las comunidades en territorios supuestamente sin explotar y luego revenden esos créditos a multinacionales han sido bautizados como "carbon-cowboys" (vaqueros del carbono).

Roberto Marín, de 58 años, recuerda que el proyecto no fue aprobado en la maloka, choza indígena de reuniones y ceremonias.

"Se debe reconocer que aquí existimos gentes, seres humanos con los mismos derechos", remarca.

Capitalismo verde

Según el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi (estatal), el 66% del territorio indígena de la Amazonía colombiana hace parte de un proyecto de créditos de carbono.

Masbosques, que se presenta como una organización “sin ánimo de lucro”, medió para vender los bonos a la corporación Latín CheckOut por unos $3,8 millones, de los cuales dice haber entregado el 100% a los indígenas.

De acuerdo con www.ecoregistry.com la aerolínea estadounidense Delta los obtuvo luego. La compañía se presenta como comprometida con el medioambiente, pero está demandada en su país por presunto "greenwashing", es decir estrategias publicitarias para crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica.

Gobierno y expertos coinciden en que este "capitalismo verde" es una de las amenazas principales contra la transición ambiental.

En Colombia, bajo análisis y cuestionamientos de expertos, un juez ordenó detener otro proyecto porque la empresa no consultó a las comunidades previamente.

Tras una pesquisa global con ejemplos del país la directora del Berkeley Carbon Trading Project, Bárbara Haya, afirmó que la mayoría de los proyectos exageran la cantidad de CO2 absorbida y en realidad no evitan la deforestación.

“Hemos visto muchos casos de proyectos (...) que ponen en riesgo a algunas de las comunidades más vulnerables del planeta”, dijo la experta a principios de año.