El CGPJ considera que García Ortiz no es "idóneo" para seguir al frente de la Fiscalía General del Estado
Álvaro García Ortiz no es idóneo para permanecer en el cargo de Fiscal General del Estado hasta 2027. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado por mayoría absoluta hoy, por ocho votos a siete, que continúe al frente de este organismo, tal como pretendía el Gobierno.
Entre los ocho vocales que han sostenido su inidoneidad, están María Ángeles Carmona, Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart. Los siete que sí ha avalado su nombramiento están Roser Bach, Juan Martínez Moya, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, María del Mar Cabrejas, y el presidente en funciones, Vicente Guilarte. Solo el vocal Enrique Lucas se ha abstenido en la votación.
Ayer se supo que el órgano de gobierno de los jueces incluía a última hora en el orden del día del Pleno, después de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le comunicase que el Consejo de Ministros aprobó solicitar el trámite de audiencia que se requiere legalmente para esta propuesta de nombramiento.
La iniciativa del Gobierno de mantener en el cargo a García Ortiz ya había trascendido la semana pasada, en medio de varias polémicas. Por una parte, el cuestionamiento de sectores amplios de los fiscales que estaban decepcionados por su falta de contundencia en la defensa de las actuaciones que sus pares realizaron en los distintos procedimientos judiciales vinculados al "procés". Este malestar se produjo fruto del pacto de PSOE y Junts para la investidura, donde se hablaba de la existencia de "lawfare" o instrumentalización de los tribunales con fines políticos.
Por otra parte, el fiscal general del Estado también quedó "tocado" después de que el Tribunal Supremo cuestionara su decisión de proponer a Dolores Delgado, su predecesora en este cargo, para ascender a la máxima categoría de la carrera fiscal, y que anuló su ascenso a fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del alto tribunal.
En esta sentencia, el Supremo apreció "desviación de poder" en la propuesta realizada por García Ortiz, que incurrió en “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”.