La recarga eléctrica de automóviles es peor y más cara en España que en Europa
Según un estudio del centro de investigación empresarial OBS sobre movilidad eléctrica en España, recuperar la energía de la batería de un vehículo del 10% al 80% en un punto de recarga rápido o superrápido cuesta entre 4,19 y 36,51 euros en España, mientras que en Portugal el precio varía entre 1,40 y 15,76 euros. Esto se debe a que en la red española cada operador aplica sus propias tarifas, situación que no se da en Portugal u otros países europeos, donde el acuerdo entre los distintos instaladores es un requisito para participar en el montaje de la infraestructura.
Además del precio más elevado, existen otros problemas, como la falta de una adecuada infraestructura de recarga eléctrica. Una situación que se produce principalmente por los problemas burocráticos y la lentitud de la Administración Pública. Ello ha provocado que casi uno de cada tres puestos de recarga instalados en España estén inoperativos por falta de permiso de apertura u otros trámites. Al final del primer semestre de este año había 25.106 puntos de recarga públicos, aunque existen otros 6.800 todavía inactivos. El Gobierno se comprometió a instalar 100.000 puntos en 2023 para cumplir con los objetivos acordados con la Unión Europea, pero ni se ha acercado a esa cifra, ya que se tendría que multiplicar por cuatro el número actual.
Frente a esta situación, tanto los fabricantes de automóviles, a través de su asociación Anfac, como las energéticas, reclaman facilidades en los procesos administrativos para la instalación de recargas y mayores incentivos fiscales para su compra.
El presidente del Club de la Energía y consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, advierte de que pese a que el número de puntos de recarga avanza más rápido que la venta de vehículos eléctricos, para poder cumplir con la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) se necesita una red en consonancia con la de los países europeos del entorno. En juego está el objetivo gubernamental de alcanzar una reducción del 90% en sus emisiones para el año 2050, plazo en el que deberían estar circulando en nuestro país un total de 5,5 millones de vehículos eléctricos. Algo imposible al ritmo actual de matriculaciones sin subvenciones eficaces ni una fiscalidad especial como han pedido reiteradamente los fabricantes. Ahora, suponen menos del 5% del total de matriculaciones y menos del 1% del total del parque automovilístico nacional.
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