Las palabras importan y las ideas, también
Ni Aznar ni Sánchez son golpistas, como tampoco lo fueron Puigdemont y Junqueras. Para un país que ha vivido lo que ha vivido, resulta especialmente obscena la utilización espuria de las palabras para violentar su significado. Temo sobre todas las cosas esa obsesión por deteriorar y ahormar el lenguaje, útil imprescindible de la sociedad humana, diferenciador último de la especie, y el pensamiento mágico que subyace, ese por el cual cambiar el lenguaje, el significado, la esencia semántica acabará cambiando la realidad y las mentes que la perciben. Lo único que se conseguirá, no desestimo que también sea un objetivo, es que dejemos de entendernos y, por tanto, que nos alejemos del imperio de la razón y volvamos al del instinto, ese que nos rige en cuanto animales no racionales.
La cuestión de la amnistía está sobre la mesa y es impensable que no haya debate en torno a ella, de los adversarios y de los propios. La medida es de una profundidad que no se nos escapa y, por tanto, es compleja, tiene aristas y difícilmente puede concluir en una postura de máximos. Por tanto, no es adecuado desacreditar al disidente sino convencer a la mayoría de la necesidad de un paso de ese calibre. En mi caso, que llevo defendiendo siete años que la utilización del derecho penal a posteriori en los hechos de Cataluña fue espuria, no tengo ningún viraje que hacer sobre el fondo, pero tal vez sí sobre la forma. Digamos que en la cuestión de la amnistía sobre los hechos del procès –que ni siquiera será la primera por esta misma cuestión y miro a 1934– hay dos cuestiones distintas a considerar: la primera, si el fondo de hacer borrón y cuenta nueva en la represión penal de los hechos ocurridos en Cataluña es aceptable y, la segunda, si hacerlo contra reloj y movidos por el utilitarismo de continuar en el poder, lo es a su vez.
Cada uno de esos planteamientos tiene diferentes respuestas, hay debate sobre ello y la combinación de ambos aún añade un tercer debate más allá. Por tanto, pretender que esto es una cuestión futbolística, que consiste en situarse en uno u otro equipo y esgrimir el forofismo a tope, es pretender manipularnos. Unos y otros. Evidentemente las dos partes negociadoras parten de posturas maximalistas: los de Puigdemont porque consideran que es justo y necesario y lo quieren hacer valer; los de Sánchez porque, como maquiavélicamente afirmó Barbón, lo importante es el poder y no los medios para conseguirlo. Ambas posturas, por supuesto, pueden ser discutidas desde la racionalidad y en los argumentos de ambas partes habría razones inaceptables y otras que se podrían matizar.
El debate no puede cegarse, porque la cuestión es discutible en una sociedad democrática. Fíjense que los continuos reclamos realizados desde otros sectores –Presoak kalera, amnistia osoa– jamás entraron siquiera en el debate público, tal vez porque es del todo evidente que no estamos ante realidades equiparables y porque ningún partido nacional se hubiera planteado ni de lejos amnistiar crímenes de sangre indiscutibles. En el caso catalán, la amnistía puede ponderarse porque la criminalización de los actos políticos de reto y desobediencia de los políticos catalanes se produjo a posteriori, después de que el Estado ya hubiera respondido a ellos con la medida –grave en una democracia– de aplicar el artículo que la Constitución tenía previsto para estas veleidades de catalanes y vascos. "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España...". Eso es lo que el constituyente tenía previsto y eso se aplicó. Sólo más tarde el Gobierno Rajoy, por mano del fiscal general Maza, hiperactuó queriendo convertir lo que todos habíamos visto en una rebelión, un alzamiento tumultuario, un delito al que sumaron otros.
Puigdemont no es un prófugo, salió de España cuando nadie le reclamaba nada y siempre ha comparecido ante la Justicia cuando ha sido reclamado. Se ha defendido como ha creído conveniente y sigue haciéndolo. En el proceso penal se forzaron los tipos penales –esa violencia ambiental– y también las competencias tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional. Hubo atropellos en otros caso, se acusó como terroristas a activistas, en fin, llevo años contándoselo caso a caso. Desde este punto de vista, la amnistía significa reconocer que el Estado usó una vía penal espuria y, por tanto, que es preciso borrar esa actuación para restablecer la justicia. Eso implica, desde luego, dejar al descubierto que hubo togas que rozaron el polvo y los caminos porque era lo que se pedía a gritos desde todos los ámbitos no catalanes de la sociedad y el poder. Entiéndase que por este lado también haya reticencias, no sólo de ciertos sectores sino de los propios actores que quedarían con el culo al aire. Todo esto es discutible, pues sí, pero partiendo de los hechos y no de los relatos. Dato mata relato dicen los que no quieren explayarse más.
El segundo plano es si, asumido que lo anterior es verdad, puede constitucionalmente hacerse. Este debate jurídico-político tampoco es soslayable ni debe responder a controles de órganos constitucionales o a conveniencias. Un debate serio debería atenerse a los hechos y a los argumentos sólidos. No lo prohíbe ergo lo permite es un argumento perezoso y pobre. Ahora bien, que el Supremo cuando el caso Garzón reconociera que la amnistía de 1977 está vigente, cuando la propia CE derogó expresamente todas las leyes anteriores anticonstitucionales, pues ya va siendo otra cosa. Ese debate se ve constreñido por los tiempos que Puigdemont impone y, por tanto, corre el riesgo de ser soslayado mediante adhesiones.
El tercer plano es el del fin y los medios. Suponiendo que alguna de las dos anteriores cuestiones se responda de forma negativa –como incluso una parte no desdeñable del PSOE y sus votantes de hecho hace– queda aún esta pregunta de índole moral. Ni siquiera Maquiavelo expresó tal idea realmente y los jesuitas se han sacudido históricamente su autoría. En democracia, no sólo el fin debe ser aceptable sino que los medios para llegar a él deben caber dentro de las normas formales e informales del sistema. Cuando un Barbón sin freno afirma que ve “indispensable” que haya un gobierno en España “al precio que sea” está cruzando una línea política que ni siquiera gran parte de sus votantes suscribiría.
Así que sí, que hay un debate abierto que no se puede soslayar. Así que sí, habrá mucha gente en contra, máxime si durante años has estado animando el relato del repugnante delincuente prófugo y ahora tienes que virar sin espacio ni tiempo para hacerlo. Habrá quien se manifieste y puede hacerlo. Habrá quien vire su voto y está en su derecho. Habrá adversarios que lo usen contra ti y es lícito.
Lo que no se puede hacer es devaluar las palabras y con ellas los conceptos. Ni somos idiotas ni ser un trilero de las ideas es un arma aceptable. Las palabras y las ideas importan. Una democracia saludable ni lo niega ni niega el derecho a discutirlas. Dicho lo cual, quedan 12 días. Yo me creo a Puigdemont cuando dice que si no se aprueba antes no dará los votos y más ahora que ERC ya ha firmado un acuerdo diciendo que con la amnistía ya les va bien.
Nadie desestima ya la opción de unas nuevas elecciones. Y menos Junts.