Brasil: la Corte Suprema inicia los juicios por el intento de golpe de Estado a Lula
El Tribunal Supremo de Brasil iniciará los primeros juicios contra cientos de militantes del expresidente Jair Bolsonaro que en enero asaltaron y causaron destrozos en el Congreso del país, el palacio presidencial y el propio tribunal.
La insurrección en Brasilia, que tuvo lugar una semana después de la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido calificada por su Gobierno como un intento de "golpe".
Desde este miércoles, casi 1400 acusados serán juzgados por el Supremo Tribunal Federal (STF), que ha dado a entender que adoptará una línea dura a la hora de castigar a los implicados.
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Rosa Weber, presidenta del tribunal, describió a finales del mes pasado los actos vandálicos como un "escenario de devastación dantesco".
Rafael Mafei, profesor de Derecho de la Universidad de San Pablo, afirmó: "Mi expectativa es que el Tribunal utilice los juicios para enviar un mensaje sobre lo censurables que fueron los actos del 8 de enero".
"Brasil tiene un historial de indulgencia con los golpes de Estado. Las condenas firmes serán esenciales para reforzar el mensaje de que la violencia política y el intento de derrocar gobiernos electos son delitos graves que no merecen tolerancia", agregó.
Este miércoles, el Tribunal examinará los casos de tres hombres que fueron detenidos por la policía durante los disturbios. Se los acusa de intentar abolir el Estado democrático de derecho, además de asociación delictiva armada y violencia contra la propiedad del Estado.
El veredicto se decidirá por mayoría de los 11 jueces del tribunal, después de que la acusación y la defensa presenten sus argumentos.
"Los juicios son un momento importante para la rendición de cuentas y para que el sistema judicial destaque la gravedad de los delitos cometidos", afirmó Eloísa Machado, profesora de Derecho de la Fundación Getulio Vargas.
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Según Machado, sólo el delito de intento de derrocar al Estado conlleva una pena de entre cuatro y doce años. Los fiscales han pedido penas de hasta 30 años.
Los disturbios del 8 de enero comenzaron después de que miles de militantes de Bolsonaro marcharan en Brasilia en protesta contra la elección de Lula. Al llegar al centro neurálgico de la política de la ciudad, se encontraron con que los edificios gubernamentales sólo estaban ligeramente vigilados y procedieron a asaltarlos. Pocos funcionarios estaban presentes debido a un receso del Congreso.
Bolsonaro, que se encontraba en Florida en ese momento, ha negado cualquier implicación, aunque la policía está investigando si incitó a los manifestantes con sus posteos en redes sociales.
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El expresidente de derecha se enfrenta a una serie de investigaciones penales.
Entre ellas se incluye un escándalo de joyas en el que Bolsonaro y miembros de su círculo íntimo están acusados de conspirar para vender regalos caros de dignatarios extranjeros para beneficio personal.
El último golpe de Estado en Brasil se produjo en 1964, cuando los militares tomaron el poder y lo mantuvieron durante más de 20 años. La violencia política sigue siendo habitual, y el año pasado se denunciaron cientos de casos de ataques contra políticos en vísperas de unas elecciones muy reñidas.
El propio Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen y casi asesinado mientras hacía campaña por la presidencia en 2018.