Protestar contra la amnistía

LA decisión del PP de convocar el día 24 un acto multitudinario en Madrid contra la aprobación de una ley de amnistía, es oportuna, idónea y realista dada la gravedad del desafío moral que representa la disposición del Gobierno a negociarla con el separatismo y cancelar todos sus delitos. Lejos de asumir el relato del Gobierno de que lo que no prohíbe expresamente la Constitución es legítimo y posible, la convocatoria del PP tiene todo el sentido como movimiento reactivo frente a un abuso con visos de ilegalidad cuya única finalidad es facilitar la investidura de Pedro Sánchez al precio que sea. Dar luz verde a una amnistía no plantea sólo un debate político o jurídico, sino también ético sobre el alcance real del precio de la presidencia del Gobierno. Y entender que hay límites infranqueables fortalece a nuestras instituciones en vez de debilitarlas. El de la concesión de una amnistía tampoco es un debate ideológico. Por eso lo de menos es que el impulso de esta manifestación proceda del PP. Hace bien en liderarlo aunque objetivamente pudo haber reaccionado con mayor contundencia hace días. Pero no puede limitarse a ser un acto de partido. El PP debe apelar a todas aquellas formaciones y colectivos respetuosos con el régimen de libertades de 1978, y adelantarse a lo que ya está siendo una reacción de la izquierda. Ayer acusaron al PP de promover una «rebelión nacional», de actuar como «golpistas», y de deslegitimar la democracia. Lo más irritante es que algunos de esos comentarios provienen precisamente de golpistas como Oriol Junqueras condenados por sedición, o de miembros del Gobierno empeñados en reinterpretar la Constitución para que diga lo que realmente no dice. El acto del PP debe configurarse como una conjunción de constitucionalistas comprometidos con la idea de que no todo vale en democracia y que el fin no justifica los medios. De hecho, deberían participar todos aquellos socialistas que están criticando, en público y en privado, la conducta de Sánchez hacia un prófugo como Puigdemont. Y por supuesto, la ciudadanía que comparta que no se puede ceder ante el separatismo hasta el punto de desnaturalizar la idea de España ni leyes esenciales como el Código Penal. Defender la Constitución nunca puede ser golpismo; es un ejercicio cívico de reafirmación común en normas de convivencia esenciales y en consensos que Sánchez sólo quiere crear junto a un nacionalismo identitario y excluyente situado al margen de la ley. Núñez Feijóo logra así un protagonismo que sectores del PP han empezado a cuestionar en las últimas semanas, aunque eso suponga que, en efecto, asume definitivamente su guion de oposición. Si el PP considera esta convocatoria como un movimiento táctico se equivocará. Y si no consigue aglutinar a constitucionalistas de izquierda y derecha, su éxito puede ser limitado. García Page se mostró ayer radicalmente contrario a la amnistía y muy crítico con Sánchez… En buena lógica, debería acudir, como tantos otros relevantes socialistas que ya han hablado en idéntico sentido. La doctrina de la izquierda está clara: cuando es ella quien se manifiesta, lo hace defendiendo derechos, libertades y progreso. En cambio, cuando lo hace la derecha, es golpismo incendiario. No era golpismo 'rodear el Congreso' ni convocar 'alertas antifascistas' ante al Parlamento andaluz cuando ganó el PP, pero sí lo es ahora oponerse a una ley de amnistía inexistente en las democracias europeas. El argumento de la izquierda cae por su propio peso, más aún cuando siempre fue la más virulenta agitadora de la calle. Pero conviene insistir en que ya no es un problema entre la izquierda y la derecha. Es más grave: lo es entre defensores del constitucionalismo y sus derogadores.