Necedad migratoria
Eric Adams es un oficial de policía retirado que hace dos años ganó la elección para alcalde de Nueva York con 67% de los votos. Hoy su aprobación ha caído hasta 46%. Los habitantes de la Gran Manzana están molestos con él porque no ha podido frenar el influjo de migrantes a la ciudad. Los negocios y el turismo se han visto afectados.
En lo que va del año han llegado más de 100 mil y el municipio los ha acomodado y alimentado en 140 hoteles, lo que le cuesta 383 dólares la noche, por persona.
Los neoyorkinos pagan los impuestos locales más altos del país y no están recibiendo servicios públicos de calidad. Muchos están yéndose a otras ciudades, reduciendo la base fiscal.
El déficit presupuestal ya va en 12 mil millones de dólares. El concejo municipal no deja hacer recortes presupuestales que impactarían a todas las áreas de la administración urbana.
Por eso, Adams les dijo la semana pasada: “Este asunto va a destruir a la ciudad de Nueva York”. Su dramática declaración busca también resaltar que el gobierno federal no está apoyando a la ciudad a resolver el problema.
Triste historia
La política de asilo de Estados Unidos se diseñó después de la Segunda Guerra Mundial. Trataba de ayudar a miles de personas que huían de los regímenes represivos de Europa del Este y de Asia.
Como en otros países, el criterio para conceder el asilo era que hubiera una persecución política. Sin embargo, con el tiempo, ese requisito se flexibilizó demasiado. Ahora es posible conseguirlo simplemente declarando que en el país de origen han sido amenazados por pandillas de delincuentes o por un esposo violento.
Por eso, muchos migrantes económicos, que buscan mejores oportunidades, encontraron en la solicitud de asilo un camino más corto para conseguir una residencia legal.
El Congreso no autoriza aumentar el número de jueces de migración. Los que hay no pueden procesar tal cantidad de solicitudes y tienen un rezago de miles de casos. Los juicios se pueden llevar hasta siete años. Mientras duran, los solicitantes de asilo son admitidos, pero tienen prohibido trabajar, por lo que dependen de la ayuda de organizaciones civiles.
Por otra parte, es claro que la fuerza laboral del país es insuficiente. Por todos lados hay letreros de “vacante”. Aunque está prohibido y se castiga con multa, los empleadores contratan a indocumentados.
Desde hace tres décadas los legisladores prometen hacer una reforma migratoria “comprehensiva” y no han conseguido nada.
A través de órdenes ejecutivas que luego echan para atrás los tribunales, los presidentes han tratado de paliar el problema. Por ejemplo, el programa Dreamers de Barack Obama ha sido sólo un alivio temporal.
El tema migratorio se ha politizado y se utiliza para golpear a los contrincantes. Los republicanos culpan a los demócratas de tener la frontera descontrolada y éstos prometen a los migrantes que les darán la ciudadanía, con la expectativa de obtener su voto, ya que las leyes electorales permiten sufragar sin comprobar plenamente la identidad.
En las ciudades gobernadas por los demócratas, desde los 80 es obligatorio brindar refugio a quienes no tienen vivienda. Ese es un gran incentivo para que los que entran ilegalmente o los que están esperando el asilo vayan para allá. No sólo tienen donde dormir y comer, sino que además pueden recibir gratuitamente servicios educativos y de salud.
Ya que además se han declarado “ciudades santuario”, ahí pueden obtener licencia de automovilista y hay la seguridad de que no serán entregados a las autoridades migratorias, aunque cometan un delito.
En cambio, en Florida y Texas son perseguidos y deportados. Organizaciones civiles, subsidiadas por el gobierno federal, los sacan de ahí, por rutas poco vigiladas por la Patrulla Fronteriza, y los llevan a las ciudades del norte.
Los gobernadores de esos estados incluso han enviado en autobús a varios miles a Nueva York y a otras ciudades, para hacer evidente que los culpables de la crisis son los demócratas.
Es poco probable que el actual Congreso polarizado resuelva cosas tan elementales como abreviar los juicios, contratar a más jueces o permitir trabajar mientras se espera el asilo. Mucho menos, que renueve la política migratoria para priorizar a los verdaderos perseguidos y para privilegiar a los que intentan entrar legalmente y pueden aportar su esfuerzo al progreso de la nación.
¡Qué absurdo!