En los últimos días, las jornadas de verano para los más pequeños se han acabado. Otra vez los lápices en el estuche, los libros y cuaderno en la mochila y ésta a la espalda. Septiembre ya está aquí y con él la vuelta al cole. Una rutina que no lo es para 72 millones de niños y niñas en todo el planeta y que para 224 millones se convierte en una actividad en la que ponen en peligro su vida. En muchos lugares del planeta ir a clase y evitar un atasco es algo que no comprenden. Sus preocupaciones son otras más acuciantes como, por ejemplo, evitar una mina antipersonas o, simplemente, huir de tus padres. «Muchas niñas vienen corriendo a la escuela huyendo de sus progenitores porque las quieren casar», explica Mary Grace Kakyo, profesora en un campo de refugiados en Uganda, en un encuentro organizado por la oenegé Entreculturas. Cuando en muchos países el colegio se convierte en un lugar de enseñanza, en otros es un refugio para huir de la realidad cruel de sus países. El año pasado, la guerra de Ucrania provocó que el número de personas desplazadas se disparara en comparación con los datos de ejercicios anteriores. Un impulso que elevó la cifra de personas que tuvieron que abandonar su hogar hasta registros nunca vistos antes: 108 millones, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Esta cifra no deja de crecer año tras año «y parece que no va a cambiar la dinámica este 2023», asegura el organismo dependiente de la ONU. «Muchas niñas vienen corriendo a la escuela huyendo de sus progenitores porque las quieren casar» Mary Grace Kakyo Profesora en un campo de refugiados en Uganda En ese poco más centena de millón de desplazados, según los datos del informe de Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado, casi la mitad son niños y niñas que ya no habitan en su lugar de nacimiento. 25,8 millones son desplazados internos y 17,5 millones son refugiados . «Muchos de los cuales corren el riesgo de no volver nunca más a la escuela», revela la investigación Escuelas en crisis de Entreculturas. «La educación puede marcar la diferencia en la mayoría de los casos en los que persisten el dolor, la angustia y la desesperanza», explica Macarena Romero, responsable del departamento de incidencia política de Entreculturas, ha sintetizado esta postura durante la presentación del último informe de la ONG La crisis climática ha incrementado la vulnerabilidad de las comunidades y de los sistemas educativos a los que ha impuesto costes exorbitantes. Debido al aumento de la temperatura global y a los daños ocasionados por el viento y la subida del nivel del mar, el cambio climático también ha puesto en peligro la infraestructura escolar y comunitaria, incluyendo los archivos y bibliotecas, grandes repositorios del conocimiento, la cultura y la historia de la humanidad. «En los últimos 20 años, las crisis han ido cambiando sus características», destaca Daniela Bruni, especialista en educación en emergencias del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) Internacional. «La educación puede marcar la diferencia en la mayoría de los casos en los que persisten el dolor, la angustia y la desesperanza» Macarena Romero Responsable del departamento de incidencia política de Entreculturas «Las situaciones de emergencia se han multiplicado en las últimas décadas, volviéndose más complejas e incorporando nuevas causas, como el cambio climático, más conflictos armados y masivos desplazamientos internos, que ha ocasionado que 40 millones de niños, niñas y adolescentes sean víctimas de emergencias climáticas», detalla. Sin embargo y aunque «pueden tener diferente duración y originarse por causas distintas, invariablemente afectan a la integridad de las personas, a la vida comunitaria, a los servicios públicos y privados y, por supuesto, a la educación. Por lo tanto, aunque distintas, causan el mismo dolor», advierte. Escuela como refugio Es probable que las familias de estos jóvenes, tras dejar su vida atrás, se enfrenten a problemas, que incluyen la ausencia de recursos económicos, la pérdida de bienes, el desplazamiento a áreas remotas y todas las consecuencias del desarraigo, e incluso la muerte. «Hace unos años tuve a una alumna que se llama Gladys», recuerda Kakyo. Esta joven llegó al aula de Mary Grace en Uganda con tan solo 14 años como refugiada. Ella da clase al norte del país en Adjumani, uno de los distritos más pobres del país africano. «Me sorprendió, porque llegó con mucho miedo y preocupación», rememora. «No respondía preguntas y estaba ausente. Me acerqué a ella y le pregunté que pasaba. No hablaba porque tenía miedo de que la echaran de clase, porque no tenía dinero para pagar la escuela», afirma esta profesora ugandesa. Mary Grace acude todos los días a su aula en Adjumani donde el 47% de la población son refugiados. «Especialmente para las niñas, la escuela es sinónimo de protección y puede salvarlas de este tipo de riesgos», señala. «Con Gladys conseguimos una beca que le permitió completar sus estudios hasta la universidad y ahora es contable en el distrito», narra esta docente ugandesa. «La escuela es sinónimo de protección» Mary Grace Kakyo Profesora en un campo de refugiados en Uganda No obstante, no siempre hay recursos disponibles. La financiación de la educación en contextos de emergencia «es una necesidad apremiante y quizás la más urgente medida que tanto los gobiernos concernidos por las crisis, como la comunidad internacional, deben asegurar», alerta el informe de Entreculturas. En la actualidad, para llegar a los 33,8 millones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran fuera de la escuela en los países afectados por conflictos, se debe abordar un déficit de financiación de 39.000 millones de dólares por año. Aunque los gobiernos tienen la responsabilidad principal de garantizar el derecho a la educación de su ciudadanía, después de tener en cuenta el gasto interno se siguen necesitando un mínimo de 38 dólares por niño/a y 113 dólares por adolescente al año de fuentes de financiación no nacional para garantizar la educación en contextos afectados por conflictos y crisis prolongadas. La falta de inversión como la inequidad son los principales desafíos en la financiación de la educación en emergencias, que mayoritariamente proviene de los fondos de ayuda al desarrollo y de respuesta a las crisis. Si bien la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) corresponde a menos del 3% del gasto total en educación, representa un importante 18% del gasto en educación en los países de bajos ingresos. Sin embargo, es preocupante que la proporción de la AOD asignada a la educación haya disminuido durante la pandemia de COVID-19 y nunca ha estado a la altura de las necesidades. «Existen 127 millones de niños y niñas en edad escolar que viven en una crisis humanitaria y no alcanzan el nivel mínimo educativo en lectura o matemáticas», destaca Romero. «Es necesario concienciar a toda la sociedad de que la educación en situaciones de emergencias es una responsabilidad compartida», apostilla.
