Rompe aguas una ex concejala acusada de estafa en el cuarto intento por celebrar el juicio

Era el cuarto intento desde que en diciembre de 2022 fuera convocado por primera vez el juicio por presunta estafa de una ex concejal pero uno tras otro se fueron aplazando . Parecía que esta vez el caso podría quedar visto para sentencia, pero la acusada rompió aguas sobre el suelo de la Audiencia Provincial de Valladolid . Embarazada de siete meses, Inés María F. S. se sentaba ayer en el banquillo de los acusados tras haber sido recogida del hospital en el que había ingresado unas horas antes. El perito entendió que estaba en condiciones de acudir a la sala y enfrentarse al juicio que podría costarle una pena de prisión de tres años que solicita la Fiscalía para ella por una presunta estafa de 10.000 euros a la madre de un compañero de guardería de su hijo . Antes de la sesión trató de llegar a un acuerdo que no logró cerrarse. La vista oral se inició con su interrogatorio y habían declarado también víctimas, testigos y peritos, informa Ep. Fue en un receso porque se sentía indispuesta cuando rompió aguas y la sesión se suspendió sin die. Los hechos se remontan a septiembre de 2019 cuando la acusada y la presunta víctima se conocieron a las puertas de la guardería a la que ambas llevaban a sus hijos. En esas conversaciones previas a la recogida de los niños, su nueva 'amiga' le comentó a la entonces concejala de Bobadilla del Campo (Valladolid) que su familia había heredado una vivienda y no podían venderlo al pesar sobre la misma un embargo de Hacienda por importe de 10.041 euros que no podían asumir de forma inmediata. Noticia Relacionada estandar No La exedil de Bobadilla (Valladolid) acusada de estafa logra suspender el juicio tras alegar que su abogada y el letrado de la víctima son amigos ABC Piden 3,5 años de cárcel a una exconcejal del PP que se hizo con 10.000 euros fingiendo trabajar en Hacienda La imputada se habría ofrecido entonces a ayudarles «guiándose por el propósito de enriquecerse injustamente a costa del patrimonio ajeno» y le da una alternativa: hablar con un alto funcionario de Hacienda para que les deje fraccionar el pago . Es así como comienza a realizar transferencias que supuestamente iban dirigidas a ese contacto que pero que en verdad habrían ido a parar a la acusada, de cuerdo con la calificaciones previas de la Fiscalía. Una vez ya se habían realizado todos los pagos hasta satisfacer la cantidad correspondiente al embargo, la acusada con ánimo de que no la «descubrieran» aseguró que el trámite aún llevaría «unos meses» y les remitió un correo electrónico con un supuesto certificado de Hacienda en el que se recogía que la madre de la denunciante estaba ya «al corriente de sus obligaciones» y que la vivienda estaba libre de cargas. Unos días después los perjudicados descubrieron «la falsedad de tales documentos ya que presentaban notables diferencias con los auténticos» y la denunciaron, sostiene la acusación pública. Noticia Relacionada estandar No Una mujer denuncia el intento de estafa de un falso Mel Gibson: «Tenía su foto de perfil y me mandó más imágenes suyas» Emma Martínez Suárez Más de un tercio de los españoles (35%) admite haber sido objetivo de estafa a través de mensajes de texto, llamadas de teléfono, correo electrónico o durante sus actividades 'online' en los últimos tres meses No sería la única estafa que se habría denunciado de la susodicha. En abril de 2022 el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bobadilla del Campo (Valladolid) pidió su dimisión de su concejala de Festejos   por presuntas estafas a los vecinos . Según el entonces regidor, más de treintena víctimas abonaron 50 euros para un campamento que nunca se celebró, o cursos de empleo en un hotel de Valladolid que servirían de trampolín para un puesto de trabajo, algo que «también era falso». Algunas personas adelantaban hasta 150 o 170 euros y «luego ni curso, ni campamento ni nada».  La sesión quedó ayer suspendida y requerira una nueva fecha para su continuidad sin perjuicio de que quedaría aún abierta la puerta aún abierta a un acuerdo de conformidad cuyo escollo fue la imposibilidad alegada por la acusada de asumir de forma previa la indemnización de más de 10.000 euros, informaron fuentes jurídicas.