Tribunales especiales contra crimen organizado inician funciones en junio
La Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado (JEDO), creada por la ley 9481, está a punto de iniciar labores en el país, el próximo 7 de junio, seis años después de su creación y luego de una fuerte discusión para hacerle ajustes antes de su entrada en funcionamiento.
Esta jurisdicción tiene, gracias a la ley, competencias en la investigación y juzgamiento de los delitos graves cometidos por mayores de edad en todos los hechos que se puedan catalogar como delincuencia organizada.
En la estructura de la JEDO, se contará con el juzgado, el tribunal penal y el tribunal de apelación de sentencia, todos especializados en la materia, según los parámetros que define la Ley contra la Delincuencia Organizada.
La normativa establece como delincuencia organizada un grupo estructurado de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo, y actúe con el propósito de cometer uno o más delitos graves.
Entre esos delitos están secuestro extorsivo o toma de rehenes, corrupción agravada, explotación sexual, fabricación o producción de pornografía infantil, corrupción en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, cohecho, tráfico y trata de personas, tráfico de estupefacientes y legitimación de capitales, entre otros.
Aunque la ley que creó la JEDO está vigente desde el 2017, ya se había prorrogado la entrada en funcionamiento de esta jurisdicción, dos veces, y en el 2019 se determinó que entraría oficialmente en labores 18 meses después de que finalmente se le asignaran los recursos económicos necesarios, a través del Presupuesto Nacional.
El Poder Judicial tuvo, ya desde el 7 de diciembre del 2021, recursos para echar a andar el proceso de implementación de la Jurisdicción Especializada, con los primeros ¢2.900 millones.
La previsión era echarla a andar en noviembre del 2022 y adelantar su funcionamiento para enero y febrero de este 2023, tal como originalmente lo planteaba el expediente 23.090.
No obstante, el atraso en la aprobación de este proyecto de ley, que recién recibió primer debate en el Congreso, este jueves, mantuvo la fecha de vigencia para el 7 de junio e, incluso, se le tuvo que eliminar al expediente, de última hora, el transitorio que adelantaba la vigencia de la JEDO para enero del 2023.
Para este año, el Presupuesto Nacional aprobado en el Congreso y vigente como ley desde el 9 de diciembre del 2022, destina ¢15.583 millones para cubrir todos los gastos operativos de los tribunales especializados, así como la inversión por concepto de plazas.
La Jurisdicción Especializada incluye jueces especiales para los juzgados, jueces tramitadores para los tribunales penales y para los tribunales de apelación de sentencia.
Los requisitos para estos funcionarios son la nacionalidad costarricense, ser mayor de 35 años, con título de abogado legalmente reconocido y haber ejercido como profesionales en Derecho en los ámbitos auxiliar de justicia o jurisdiccional, en materia penal, por al menos seis años.
También, deben tener un nombramiento en propiedad, y poseer capacitación especializada en delincuencia organizada, impartida por la Escuela Judicial.
Para estos funcionarios, se destinó un incentivo salarial respecto de los demás jueces de los juzgados y tribunales penales y de apelación de sentencia.