Gobierno puede regular precios de combustibles en situaciones críticas, dice Procuraduría

La Procuraduría General de la República (PGR) recomendó a los diputados “valorar la pertinencia” de un proyecto de ley que impulsa el Gobierno para poner tope al precio de los combustibles, dado que el Poder Ejecutivo tiene potestades legales para hacer regulaciones de ese tipo por decreto ejecutivo.

En agosto del 2022, en momentos en que los hidrocarburos experimentaban fuertes incrementos, la administración Chaves presentó un plan para fijar un techo de hasta ¢950 para el litro de gasolina súper, de ¢900 para la regular, y de ¢870 para el diésel, por un plazo de nueve meses. El plan propone que, cuando se alcancen esos precios, las finanzas públicas corran con el costo de las diferencias.

Mediante un pronunciamiento emitido el pasado 17 de marzo, la procuradora Silvia Patiño cuestionó que se pretenda establecer de manera atípica una fijación de precios vía ley, “cuando lo cierto es que dicha competencia es ejercida a la luz del ordenamiento jurídico vigente por el Poder Ejecutivo”.

Patiño indicó que, conforme al artículo 5 de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, el Gobierno está facultado a hacer ajustes tarifarios a favor de los consumidores, como una medida de carácter excepcional y transitorio.

Dicho numeral señala que la medida debe ser fundamentada y consultada a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), ente adscrito al Ministerio de Economía. “La Administración Pública puede regular los precios de bienes y servicios solo en situaciones de excepción, en forma temporal”, reza el artículo.

La autora de la opinión jurídica PGR-OJ-029-2023 citó como respaldo un criterio emitido, en junio del 2002, en el que la Procuraduría señaló que la emisión del decreto para regular precios en condiciones excepcionales es competencia del mandatario y de la cartera de Economía.

“Una vez que desaparezcan las causas que dieron origen a la situación de excepción, la regulación deberá desaparecer a fin de dar lugar al libre juego de la oferta y la demanda en condiciones de competitividad, mecanismo natural de estabilización de los precios”, precisa el pronunciamiento.

La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, discrepó de la opinión de la Procuraduría. La jerarca sostuvo que al tratarse los combustibles de un servicio público, la competencia de la fijación tarifaria es solo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Subsidio al garete

El proyecto para establecer un tope al precio de los combustibles muestra poco avance en la corriente legislativa, a pesar de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ordenó su elaboración en el 2022 con carácter de emergencia.

La propuesta enfrenta críticas por el impacto económico que provocaría al Estado. Bajo el esquema propuesto las finanzas públicas asumirían, a modo de subsidio estatal, la diferencia entre el precio tope propuesto por el Gobierno y el costo real de cada combustible.

En agosto del año pasado, se estimó que el subsidio en el precio de los hidrocarburos le costaría a los contribuyentes ¢41.700 millones mensuales.

Tope a combustible prometido por Gobierno costaría ¢41.700 millones mensuales

En su reciente pronunciamiento, la PGR señaló que la fijación de precios debe realizarse a través de un acto motivado de carácter excepcional, que valore las circunstancias del mercado desde el punto de vista técnico, para que no se establezca una distorsión vía ley.

“Este análisis se echa de menos en el proyecto de ley, pues si bien se establece como una medida de protección del consumidor, no se observa un análisis del impacto que puede tener en los demás agentes económicos o en las finanzas públicas, dado que se requiere de la inyección de recursos del Presupuesto Nacional”, manifestó.

Por otro lado, la procuradora Patiño sostuvo que el subsidio que se pretende establecer no es progresivo, lo cual ha sido considerado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como un error en términos ecológicos y económicos.

“Lo que hace es estimular la demanda y desincentiva la limitación del consumo, beneficiando en algunos casos, de forma desproporcionada, a los grandes consumidores de energía, es decir, a menudo a los que tienen ingresos más altos”, aseveró.