Carnavales de Puntarenas quedan sin seguridad privada en sus últimos días

Los Carnavales de Puntarenas 2023 se quedaron sin seguridad privada desde el jueves por la noche, cuando personal de la empresa contratada no se presentó por el aparente impago de sus servicios por parte de la comisión organizadora de los festejos.

La incertidumbre y los reclamos continuaron este viernes, un día antes de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, visite la ciudad para participar como mariscal, como lo dio a conocer esta misma semana.

Miguel Monge Morales, regidor puntarenense, informó de que unos 100 trabajadores acudieron este viernes al edificio municipal a quejarse. No obstante, según el concejal, el personal no fue atendido y las oficinas municipales fueron cerradas desde el mediodía debido a la presencia de los quejosos.

También el alcalde puntarenense, Wilber Madriz Arguedas, confirmó la ausencia de seguridad privada, requisito fundamental para la celebración de este tipo de actividades, que requieren autorización del Ministerio de Salud.

Según él, fue informado de la situación el jueves por la noche pero alegó desconocer qué ocurrió porque toda la organización de las fiestas está a cargo de la Comisión.

“Ayer (jueves) no hubo presencia de los oficiales de seguridad privada. Debieron haber estado allí pero eso lo maneja la Comisión y no estoy en ella. Voy a darme a la tarea para ver qué es el asunto”, indicó Madriz Arguedas a La Nación.

Los carnales arrancaron el 18 de mayo y tienen previsto cerrar el próximo 28.

El mandatario confirmó que se haría presente el sábado, en la conferencia de prensa del miércoles, luego del Consejo de Gobierno.

“El presidente tiene agendado participar, los detalles logísticos son de la comisión organizadora, algo sobre lo que el Gobierno no tiene injerencia. El Presidente participa como invitado”, respondió el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, ante consultas de La Nación.

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Molestia

El regidor Monge Morales dijo que el alcalde y otros cinco regidores acordaron hace unas semanas organizar las fiestas pese a la oposición de cuatro regidores, incluido él. “No era oportuno hacer el carnaval por la inseguridad en el país y sobre todo en Puntarenas”, dijo.

La provincia registró 111 homicidios en el 2022, seis más que en el 2021, y en los meses anteriores, distritos del cantón Central han sido escenarios de frecuentes balaceras entre presuntas bandas narco.

A pesar de esta preocupación, añadió Monge, cuando el asunto se votó, cinco regidores y el alcalde decidieron hacer las fiestas, aunque todo ha sido “apresurado”.

Citó, por ejemplo, que los servicios de seguridad contratados comprenden unas 200 personas quienes requieren hospedaje, mientras atienden la actividad. Sin embargo, el grupo primero fue situado en un gimnasio sin condiciones adecuadas para dormir, asearse y alimentarse; luego fueron relocalizados en el estadio Lito Pérez.

“Ellos empezaron a trabajar desde el 18 de mayo, pero la comisión sigue sin pagarles y ayer (jueves) desistieron de trabajar. El caso es que la actividad debería ahora suspenderse porque sí es requisito una cuota de seguridad privada”, agregó.

Sailyn Arroyo, representante de la empresa de seguridad, aseguró al canal local de noticias Puerto TVCR, que la comisión les pagó dos días de servicios pero se resiste a cancelarles otros cuatro.

Según Arroyo, son más de 100 oficiales afectados. Ella aseguró que el comité organizador fue el que optó por un convenio donde asumirían la búsqueda de un sitio para dormir, así como alimentación e hidratación para los oficiales, pero esto se incumplió.

“No les tenían alimentación, tuvimos que correr nosotros para la alimentación, cuando en el acuerdo se dijo que el comité tenía que dar alimentación. Los oficiales están muy molestos, ahora dicen (el comité) que van a anular el contrato porque (los oficiales) no se presentaron a trabajar ¿Por qué? Porque no les quieren pagar”, declaró este viernes.

Ella agregó que estarían dispuestos a continuar si les desembolsan el dinero adeudado, pero, añadió, escucharon que el comité pretende anular el contrato y buscar otra empresa.