Nuevo capítulo del "Partygate": Scotland Yard investiga a Boris Johnson por unas fiestas en Chequers en pleno confinamiento
Sí, estamos en 2023. En el último año han pasado hasta tres inquilinos distintos por Downing Street. Y, sin embargo, el escándalo del Partygate, el mismo que obligó a dimitir a la “ambición rubia” en julio del año pasado, vuelve a ocupar titulares, reabriendo la guerra civil en el Partido Conservador. Porque los defensores de Johnson -que aún sigue habiendo- acusan ahora al actual primer ministro Rishi Sunak de estar detrás de una “caza de brujas” para dar la puntilla final a la carrera del excéntrico político que, tan pronto como el próximo mes, podría quedarse sin escaño en la Cámara de los Comunes.
La trama cada vez es más compleja y desde luego no favorece a la imagen de los "tories" que, tras trece años en el poder, muestran claros signos de agotamiento de cara a las próximas elecciones generales previstas para el próximo año, en las que la oposición laborista lidera todos los sondeos.
Johnson se encuentra actualmente investigado por la comisión de Ética y Privilegios de Westminster para esclarecer si mintió deliberadamente al Parlamento cuando, siendo primer ministro, afirmó en repetidas ocasiones que no se habían violado las reglas del confinamiento.
La pesquisa de Scotland Yard acabó luego multándole por infringir las normas, pero él sigue defendiendo que, en el momento que tuvo que dar explicaciones a los diputados, estaba convencido de que los encuentros sociales dentro de Downing Street eran “reuniones de trabajo”.
La comisión de ética debe emitir su dictamen el próximo mes y si se demuestra que mintió deliberadamente sería motivo de expulsión de la Cámara Baja, lo que le deja prácticamente sin posibilidades de volver a ser candidato para los comicios del próximo año.
Al preparar la defensa del ex primer ministro, los abogados que le representan -que están financiados por el actual Ejecutivo- encontraron en su agenda varias visitas de familiares y amigos tanto a Downing Street como a Chequers. Algunas fuentes hablan de un “puñado” de eventos. Otras dicen que son “más de diez”. La Policía solo confirmó que ocurrieron entre junio de 2020 y mayo de 2021, un período en el que el Reino Unido entraba y salía constantemente en confinamientos.
Según "The Telegraph" un evento que se estaba analizando era un almuerzo en el jardín de Downing Street con su madre Charlotte, quien murió en septiembre de 2021. Otro involucró supuestamente a la presentadora de televisión Kate Garraway para hablar sobre su esposo, diagnosticado con covid. Por su parte, en otra de las reuniones habría estado la hermana de Johnson, la periodista Rachel, quien defiende que no se rompieron las reglas.
Obligados por ley a alertar de una posible infracción penal, los abogados pasaron la información a la Oficina del Gabinete. Y esta a su vez la remitió a Scotland Yard. Johnson defiende que en ningún momento se violaron las reglas y denuncia que no se le consultó antes de pasar la información a los agentes para dar su versión de los hechos. Es más, cree que la decisión de la Oficina del Gabinete de remitirlo a la Policía esconde “motivos políticos”. “Parece que algunos dentro del Gobierno han decidido hacer sugerencias infundadas tanto a la policía como al Comité de Privilegios. Muchos concluirán que esto tiene las características de otra trama con motivos políticos”, apuntó su portavoz.
Diana a Sunak
Las acusaciones van claramente dirigidas al actual primer ministro Rishi Sunak con el que Johnson mantiene una relación más que tensa. Al fin y al cabo, le culpa directamente de su salida de Downing Street ya que fue la dimisión de Sunak como ministro del Tesoro lo que precipitó su renuncia el verano pasado ante la presión de sus propias filas.
El Gobierno negó ayer que estuviera detrás de la decisión de sus funcionarios civiles de remitir a Johnson a la Policía por posibles nuevas infracciones. El titular de Justicia, Alex Chalk, señaló ayer que “no hubo intervención ministerial”. “Se está llevando a cabo una investigación de la covid. En su transcurso, los abogados deben revisar la documentación para garantizar que se pueda divulgar. Salió a la luz material que fue pasado a la función pública. El servicio civil consideró que de acuerdo con su código, y sin intervención ministerial (...), eso pasó a la Policía”, añadió.
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