Francisco Marhuenda, un nuevo académico al servicio del Estado de derecho
Con esta designación, recoge el testigo del jurista Juan José Pintó Ruiz, fallecido en 2020 y un «buen amigo», como el propio Marhuenda explicaba en su carta de presentación de su candidatura. Una misiva en la que el periodista señalaba su «enorme pasión» en aquellos ámbitos a los que se ha acercado durante su trayectoria profesional, como son la información, el Derecho, la docencia, la investigación universitaria y la Historia, donde obtuvo el XII premio Internacional de historia del carlismo «Luis Hernando de Larramendi» por su estudio «El Estado carlista en la guerra civil de 1833 y 1840».
El «servicio a la academia», recuerda, que demostró el doctor Pintó es el ejemplo a seguir que se ha marcado Marhuenda «para continuar la tradición de las personas que me han antecedido y ayudar en todo aquello que se precise», confesaba el protagonista a los pocos minutos de confirmarse la noticia. «Mi doble condición de jurista y periodista puede servir, humildemente, para colaborar en muchas materias, como ayudar en la proyección de la Academia, una de las instituciones con más prestigio que tenemos», apuntaba el también académico de número (medalla 22) de la Real Academia de Doctores de España y archivero mayor del Colegio de Abogados de Madrid.
Francisco Marhuenda, autor de «La libertad de Prensa en España (1808-1975)», aúna a sus espaldas una larga experiencia en las disciplinas citadas anteriormente que le han dado una perspectiva con mayores horizontes que los que son estrictamente los universitarios. Doctor en Derecho, en Periodismo y en Historia, diputado parlamentario por el Partido Popular en el Parlamento de Cataluña entre 1995 y 1996, profesor titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Rey Juan Carlos y presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III, es director del diario propiedad de los grupos Planeta y Atresmedia desde 2008. Una extensa carrera que se ha ido formando en este conjunto de áreas, distintas entre sí, pero relacionadas y complementarias, y que han moldeado un perfil de fuerte acento personal, además de muy apropiado para la Academia de Jurisprudencia y Legislación y que, a la vez, le permiten aportar miradas nuevas a esta institución, cuyos orígenes se remontan a 1730 y que obtuvo su reconocimiento oficial 33 años más tarde, bajo el reinado de Carlos III, con la Cédula Real expedida el 20 de febrero de 1763.
Desde entonces, esta corporación científica de derecho público integrada en el Instituto de España ha velado por el perfeccionamiento de la legislación, un requisito fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones, la convivencia y, sobre todo, de un enorme valor para la salvaguarda de la democracia en nuestra sociedad. Un cometido que lleva a cabo con enorme fidelidad a través de distintas tareas, como son el estudio y la organización de conferencias, cursos, seminarios, cursillos y un variado orbe de publicaciones centradas en distintas materias y asuntos de carácter jurídico. Su labor, que se extiende fuera de nuestras fronteras con el mantenimiento de una colaboración permanente y continuada con órganos extranjeros de orden semejante, incluye la elaboración de informes para organismos oficiales, como el análisis y la crítica doctrinal de la jurisprudencia, a exposición a los poderes públicos de iniciativas y estudios críticos sobre la legislación y la actividad normativa. «La Academia tiene una trayectoria acreditada desde su fundación hasta ahora al servicio de la sociedad y el Derecho. Tiene plena vigencia, como el resto de las academias, y es importante para, entre todos, defender el Estado de derecho y la calidad de las normas».
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