Lacalle Pou no hizo ninguna alusión a los desaparecidos: sostienen que su gobierno ha dado “más información” que otros
Lacalle Pou comió asado y se tomó decenas de selfies con seguidores y seguidoras en Ecilda Paullier el sábado.
Mientras en Montevideo se celebraba la Marcha del Silencio, el gobierno guardaba -irónicamente- silencio al respecto. Desde el Poder Ejecutivo no hubo una sola alusión a la gran caminata silenciosa del sábado que recorrió el centro de Montevideo, o a las más de 70 documentadas en el interior del país que reclamaban por verdad y justicia.
El sábado, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reapareció luego de varios días con poca actividad pública y aún menos publicaciones en redes sociales. Se le vio pasar por la Cabaña Paullier, en la localidad de Ecilda Paulier, localidad que celebraba el sábado sus 140 años de fundada. Rodeado de seguidores, y frente a una mesa llena de grandes piezas de carne recién salidas del asador, el mandatario cortó un par de pedazos con un cuchillo y los degustó para luego saludar afablemente a los asadores.
En Ecilda Paullier también se tomó decenas de fotos con los lugareños, como ya es costumbre: las selfies son obligatorias donde sea que pase el presidente.
El paralelismo se hace ante el reclamo de que, una vez más, el gobierno nacional no se manifestó públicamente a favor de la Marcha del Silencio. Esto despega a presidente del su propia fuerza política, el Partido Nacional, que sí emitió un video en donde varios líderes y altos jerarcas pidieron verdad y justicia.
Familiares de Desaparecidos ven poca voluntad desde el actual gobierno
A pesar de este enfoque declarativo por parte del gobierno, las organizaciones de derechos humanos señalan la ausencia de avances concretos en la búsqueda de los desaparecidos.
Remarcan que el último cuerpo encontrado fue en 2019 y exigen al gobierno que atienda el clamor popular y tome medidas concretas para exigir a las Fuerzas Armadas que revelen el paradero de los seres queridos.
“Estamos esperando que el gobierno se haga eco de este reclamo popular y que tome las medidas, que exija a las Fuerzas Armadas que digan dónde están nuestros familiares. Realmente para un país democrático cuesta entender por qué a tantos años nuestros familiares siguen estando secuestrados”, expresó Ignacio Errandonea en una rueda de prensa el sábado pasado.
El proyecto para liberalizar la información de la dictadura
El pasado jueves, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para establecer una sección en el Archivo General de la Nación destinada a reunir, organizar y preservar documentos relacionados con el pasado reciente y las violaciones de los derechos humanos.
El texto, compuesto por unos pocos artículos, menciona el “archivo Berrutti” y otros que puedan ser obtenidos en el futuro, pero no especifica los criterios que se utilizarán para determinar qué documentos serán incluidos. En su segundo artículo, el proyecto establece que el acceso será libre, “sin perjuicio de la reserva de información relacionada con la vida privada y el entorno familiar de las personas, así como la información que pueda considerarse sensible o que pueda afectar a terceros”. Además, el tercer artículo plantea que, junto con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), se implementarán los mecanismos necesarios para la publicación en línea de los contenidos.
El envío de este proyecto motivó al ministro de Defensa, Javier García, a afirmar que este gobierno ha sido el que ha proporcionado “más información” a periodistas y organizaciones de derechos humanos, ya que está comprometido con la verdad y la transparencia.
Con estas palabras, García también respondió al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien había pedido ser “cuidadosos” para no vulnerar “la intimidad de las víctimas del terrorismo de Estado”.
Pereira expresó este sábado en una entrevista con Telemundo: “Los archivos contienen cuestiones con las que debemos ser cuidadosos. Sobre todo, contienen información personal de las víctimas del terrorismo de Estado. Debemos cuidar a las víctimas del terrorismo de Estado, no exponerlas. Al proporcionar ese material a la Justicia, también debemos cuidar a aquellos que fueron víctimas y podrían ser revictimizados”.