La Audiencia Nacional pide a Transportes que explique por qué incumplió sus órdenes sobre el Pitanxo

La escalada de tensión entre el Ministerio de Transportes y el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el hundimiento del pesquero Villa de Pitanxo bajo sospecha de 21 delitos de homicidio imprudente ha subido un paso más este lunes. El juez Ismael Moreno ha librado una providencia en la que reclama explicaciones en el departamento que dirige Raquel Sánchez ante el incumplimiento reiterado de sus órdenes sobre la misión que debe bajar al pecio a recoger evidencias que clarifiquen las razones del siniestro. «Dado que no se ha cumplimentado lo ordenado pese a haber sido reiterado y al parecer, ha zarpado el buque con un solo perito judicial, sin expresa autorización de este juzgado, prescindiendo total y absolutamente de cuantos extremos y circunstancias se reseñaban, requiérase a la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera y a la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (ClAIM), a fin de que el máximo responsable de cada uno de estos dos Organismos informen urgentemente a este Juzgado », dice la resolución. El juez quiere en concreto que esas personas expliquen «las razones por las que no se ha dado debido cumplimiento a lo ordenado en las instrucciones claras y precisas» que él mismo les remitió el pasado 8 de mayo, las mismas que les reiteró el día 17 y por las que estaban requeridos para informar «urgentemente» de la adjudicación del contrato a una empresa naviera para bajar al pecio , hundido en aguas próximas a Terranova el pasado febrero. Noticia Relacionada galicia estandar No La misión para inspeccionar el Pitanxo zarpa sin el visto bueno de la Audiencia Nacional Patricia Abet Las familias, muy disgustadas con la gestión del Ministerio, lamentan la falta de colaboración y critican que su perito se ha quedado en tierra El objetivo de aquel requerimiento era que el Juzgado tuviese conocimiento de la empresa adjudicataria a fin de «concertar con ella» las fechas en que se iba a desarrollar la expedición «conforme las necesidades y posibilidades» tanto desde el punto de vista material como de la investigación judicial. Refería expresamente en aquel requerimiento la necesidad de acordar la intervención en la misión de peritos designados por el juzgado como de aquellos que pudieran tener interés en enviar las familias. Sin embargo, como resume la providencia del juez Moreno, la CIAIM remitió un email al Juzgado Central la noche del 16 de mayo exponiendo que había firmado un contrato con una empresa y que el buque iba a zarpar al día siguiente desde el Puerto de Vigo. Se dio traslado entonces a la Fiscalía y a las familias y se envió un nuevo requerimiento a Transportes para que cumpliesen lo que ocho días antes le habían pedido. Pero el barco zarpó en la jornada prevista, tal y como informó ABC, sin autorización de la Audiencia Nacional y con sólo un perito a bordo porque tal fue la premura en partir que no consiguieron localizar a un segundo experto. Las familias no pudieron ni proponer al suyo. La función de los peritos De todo esto ha tenido conocimiento la Audiencia Nacional por vías extraoficiales, según las fuentes jurídicas consultadas por ABC. De ahí que ahora, el instructor libre este requerimiento a Transportes para que esos dos altos cargos de la Subdirección General y la CIAIM informen además sobre « si efectivamente el buque ha partido , si a bordo se encuentra alguno de los peritos judiciales designados, itinerario y fechas de realización de los trabajos contratados». Reclama asimismo información sobre «las medidas que se han adoptado o se van a adoptar para garantizar la presencia física de los dos peritos judiciales para la práctica de la pericia judicial acordada, peritos estos que serán quienes deben emitir el correspondiente informe pericial y presentarlo ante este Juzgado». Este asunto no es baladí, pues puede poner en peligro la validez de la prueba que recaben. Sobre todo, si el perito de abordo se desempeña en calidad de emisario de la Comisión, donde los informes se someten a un análisis colegiado y luego a una votación, un trámite en el que pueden sufrir modificaciones que por tanto, restan eficacia a la pericia hasta el punto de poder invalidarla de cara a un juicio. «Es triste tener que llegar a este punto de desobediencia y de cuestionar las pruebas. Esperemos que ahora con esta providencia y alguna más que falte se pueda reconducir la situación por parte del juez y también que las personas responsables del Ministerio de Transportes digan algo y tengan también parte de responsabilidad en este disparate», comentaba la portavoz de las familias, María José Do Pazo, tras recibir la resolución de la Audiencia Nacional. «Ha sido un disparate y un despróposito desobedecer a un juez de la Audiencia Nacional que lleva la dirección de este proceso judicial», ha añadido.