La Fiscalía analiza ya la denuncia por la presencia de 44 etarras en las listas de Bildu
Según ha informado en un comunicado, se ha procedido al registro de la denuncia "y tras su análisis, se tomará la decisión que proceda, respecto a la apertura o no de diligencias de investigación preprocesales".
En su denuncia, la asociación que preside Daniel Portero señala que la Ley Electoral estipula que son inelegibles "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".
Lo que pretende ahora DyJ es que la Audiencia Nacional compruebe "las liquidaciones practicadas respecto de cada uno de los candidatos condenados por terrorismo que pretenden concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas", dado que la asociación no tiene capacidad para hacerlo al no estar personada como acusación en todas las causas por terrorismo, teniendo en cuenta algunos antecedentes en los que algún condenado por terrorismo tenía "pendiente de cumplimiento" penas de inhabilitación, por lo que en ese caso incurriría en una causa de inelegibilidad.
Seis condenados por asesinato
Entre los 44 candidatos condenados por delitos de integración o colaboración con organización terrorista, siete de ellos, según la denuncia de Dignidad y Justicia, fueron condenados por delitos de asesinato terrorista. Así sucede, afirman, en el caso de Agustín Muiños, número 6 en la lista de Legutiano (Álava), condenado en 1985 a 29 años de prisión por el asesinato en 1983 de José Antonio Julián Bayano; Begoña Uzkudun, número 3 de la de Régil (Guipúzcoa), condenada en 1989 a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas en 1984; Juan Ramón Rojo, número 21 de la candidatura de Irún, condenado en 1996 a 30 años de prisión por el asesinato de Francisco Gil Mendoza en 1991; Asier Uribarri, número 4 de la lista de Maruri-Jatabe (Vizcaya), condenado en 2001 a 16 años de prisión por su participación como cómplice en el asesinato en 1997 del guardia civil José Manuel García Fernández; José Antonio Torre, suplente número dos de la lista a la Alcaldía de Munguía (Vizcaya), que fue condenado en 1981 a 20 años de prisión por su colaboración en el asesinato, en 1978, de Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pered; Lander Maruri, segundo suplente de la lista de Ciérvena (Vizcaya), condenado en 2001 a 16 años de prisión como cómplice del asesinato del guardia civil José Manuel García Hernández en 1997; y Juan Carlos Arriaga, número tres de la candidatura de Berrioplano (Navarra), condenado en 1989 a 29 años de prisión por el asesinato de Jesús Alcocer Jiménez en 1984.
La asociación denunciante afirma que en caso de que esas condenas no se hayan cumplido, podría cometerse un delito de quebrantamiento de condena, castigado hasta con un año de prisión en el artículo 468 del Código Penal, "al tener en vigor y pendiente de cumplir una pena de inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público".
El precedente de Otegi en 2016
DyJ recuerda lo sucedido con Arnaldo Otegi, cuando la Junta Electoral acordó en agosto de 2016 excluirle como candidato de EH Bildu al Parlamento Vasco en las elecciones autonómicas del 25 de septiembre de ese año al tener pendiente de cumplir una pena de inhabilitación tras ser condenado por terrorismo.
En el escrito, DyJ apremia a la Fiscalía a actuar "con la máxima diligencia" dado que los siete condenados por asesinatos "concurren como candidatos en los propios municipios en los que cometieron los asesinatos y viven sus víctimas, con la consiguiente humillación
y vilipendio que causa a las víctimas del terrorismo, amén de comprender un flagrante incumplimiento" -recalca- de la Ley de Partidos, "al incluir la formación política EH Bildu, en sus listas a personas condenadas por terrorismo", lo que "daría lugar a su ilegalización".
El pasado martes, Covite, la asociación de víctimas del terrorismo del País Vasco, denunció los hechos y calificó la presencia de esos 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu como "especialmente grave" y "un peligro para la democracia". "Ninguna democracia digna, ningún Estado de Derecho consciente del significado de sus víctimas del terrorismo permitiría que las puertas giratorias de los terroristas fuesen la política. Que estas personas puedan llegar a ocupar cargos públicos, como si no hubiesen supuesto una gravísima amenaza a la democracia en el pasado, es preocupante y decepcionante", afirmó Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite.
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