El Congreso de Ecuador empuja al presidente Lasso hacia la destitución
La oposición acusa a Lasso de malversación de fondos públicos por permitir supuestas irregularidades de diversos funcionarios en la concesión de contratos de explotación del petróleo ecuatoriano y ha puesto en marcha una operación parlamentaria que, de prosperar, implicaría la destitución del mandatario, que niega todas las acusaciones.
A juzgar por los números, las perspectivas de Lasso no son muy halagüeñas. 88 de los 116 congresistas presentes votaron por continuar con el proceso. Cinco se abstuvieron y 23 votaron en contra.
La jugada contra Lasso proviene del movimiento Unión por la Esperanza, liderado por el expresidente Rafael Correa. Fue la congresista Viviana Veloz la que presentó la moción para enjuiciar a Lasso, que prosperó pese a que la Comisión de Fiscalización del Congreso había emitido un informe en el que se le exoneraba por falta de pruebas.
Pero los enemigos de Lasso no se limitan a la izquierda correísta. También apoyaron la moción el Partido Social Cristiano y el movimiento indígena Pachakutik, así como varios legisladores independientes.
La reacción del Gobierno al triunfo parlamentario de la oposición llegó en la cuenta de Twitter del ministro de Gobierno Henry Cucalón, que tachó el proceso de “ilegítimo”. Dijo que “nació, se desarrolló y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales”.
Los partidarios del presidente sostienen que es ilegal proseguir con el juicio político en el Congreso una vez la Comisión de Fiscalización emitió su informe exculpatorio. Pero eso no ha sido obstáculo. La Corte Constitucional se pronunció hace pocos días afirmando que la denuncia presentada es admisible y la espada de Damocles sigue acercándose al cuello de Lasso. Se requieren que 92 de los 137 diputados de la Asamblea voten a favor para que se apruebe la destitución del presidente, un escenario con el que sueña Correa y que está ahora un poco más cerca.
La oposición quiere que la cosa avance deprisa. De acuerdo con la moción aprobada, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, debe continuar “de manera inmediata” con el proceso y convocar antes de cinco días a un pleno en el que el presidente será interpelado. Aún no está claro si Lasso acudirá a la cita a defenderse, dado que sus colaboradores más cercanos han negado validez al proceso. De cumplirse los planes opositores, podría ser destituido antes de que acabe el mes.
El movimiento parlamentario ha sido la última iniciativa en su contra pero el presidente lleva tiempo haciendo frente a una fuerte contestación y una situación de alta inestabilidad. Lasso asumió el poder en mayo de 2021 y acusa a la Asamblea de intentar “desestabilizar” al Gobierno y al país.
Inestabilidad
La suerte corrida por algunos de sus antecesores ilustra la inestabilidad en la que se ha sumido la política ecuatoriana. Entre 1997 y 2005 tres presidentes fueron destituidos.
Este es el segundo intento de destitución parlamentaria que afronta en sus poco más de dos años de mandato. El anterior se dio en el marco de una huelga general liderada por movimientos indígenas que protestaban por el encarecimiento del precio de los combustibles y que dio pie a terribles escenas de violencia en las principales ciudades del país, con un balance de al menos seis muertos.
Lasso, un político ortodoxo de centro-derecha que llegó al poder con la bandera de la moderación y la sensatez en la economía, ha tenido que lidiar con las protestas callejeras, la virulenta oposición del movimiento indígena, al que Correa no duda en utilizar cuando beneficia sus intereses, y también una creciente ola de inseguridad y violencia en las calles. Su gobierno tuvo que decretar el estado de excepción en Guayaquil el pasado agosto, después de que bandas criminales fuera de control sembraran de cadáveres la ciudad, y varios motines carcelarios han dejado decenas de muertos. Las promesas de firmeza frente a los grupos criminales del presidente no se han convertido por ahora en realidad.
Sin embargo, a Lasso aún podría quedarle una opción. Según se especula en los medios locales, el presidente podría forzar lo que se conoce como “muerte cruzada”, un mecanismo por el que podría disolver el Congreso para convocar elecciones anticipadas. Ahí la partida empezaría de nuevo.
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